Sobre el Conversatorio No19 con el ex-alcade Jaime Castro

Conversatorio No19 Jaime castro. Situación político-administrativa de Bogotá.:

El día 11 de Julio en la sede nacional de ACORE y como ha sido costumbre en estos últimos años se realizó el conversatorio No 19 con referencia a la situación político-administrativa de la ciudad de Bogotá. En esta ocasión y experto en el tema por su trayectoria en la vida pública nos acompañó como expositor el ex alcalde de Bogotá Jaime Castro Castro.

Como es tradición en nuestro conversatorios se le dio inicio con la oración patria, posteriormente con la palabras de bienvenida del presidente nacional de ACORE Gr (ra) Jaime Ruiz Barrera para darle paso a nuestro ilustre invitado y ex alcalde de Bogotá. El Dr Jaime Castro inicio su exposición describiendo cada una de las administraciones desde 1992  cuando el inicia resaltando aspectos que fueron claves para lo que hoy se está viviendo.

La administración Castro sienta las bases de la construcción de la nueva Bogotá le da a la cuidad la gobernabilidad que había perdido, saneando la finanzas y estableciendo normas como la ley orgánica que ayudan a ordenar administrativamente el distrito. En la administración Mockus siendo él pedagogo y comunicador le da a los ciudadanos un sentido de pertenencia y una cultura ciudadana que buscaba el civismo que nunca había existido en la cuidad, un civismo que aparece como el gran aporte de esta administración, Mockus según Jaime Castro no fue un excelente administrador pero su papel fue fundamental para el mejoramiento de la ciudad. En la siguiente administración encontramos a Enrique Peñalosa quien antes de nada fue un gerente en la cuidad, fue la administración que le dio amoblamiento a la Bogotá convertido en espacio público.

Estas tres administraciones con sus propios perfiles sumados en el tiempo logran complementarse y  sustentarse en construir sobre lo construido y lo que el Dr Jaime denomina como la Nueva Bogotá.

A partir de la siguiente administración vino el deterioramiento de todo administrativamente, con Luis Garzón se frena el proceso de cambio y de transformación en la que venía la cuidad, posteriormente con Samuel Moreno y desafortunado para todos los bogotanos se termina de estancar ese proceso y más bien el exalcalde ve esta administración como un retroceso de lo que venía siendo esa nueva Bogotá.

Para el exalcalde Castro en la coyuntura actual Gustavo Petro termina de enterrar este proceso de trasformación, esta gestión que el Dr Jaime Castro analiza no desde la perspectiva política que claramente para Petro es canalizar todos los procesos distritales públicamente y desplazar a los privados que venían haciendo determinadas actividades económicas referentes al desarrollo de la cuidad, sino desde los resultados que refleja la actual administración.

El volver publicas ciertas actividades no es problema, ni es un contra para la administración o quien gobierna, el problema que enmarca el exalcalde es que Bogotá no tiene la institucionalidad, ni los recursos suficientes para desarrollar plenamente ciertas actividades donde antes el distrito no participaba, para ejemplificar esto nuestro invitado se detuvo en su exposición y señalo el problema de la basuras, dando a conocer que antes de su administración (1992-1994) existía la empresa EDIS del distrito, quien era la encargada del servicio de las basuras, pero esta tuvo complicaciones de salubridad y sanitarias junto con un problema mayor que fue llevar a una crisis económica al distrito y se tomó la decisión de liquidarse y privatizarse en el año 94, dejando al privado a cargo de esta actividad, lo cual llevo a que el servicio de las basuras le costara 0 pesos a la ciudad y en cambio recibía el 18% de esta actividad lo cual se usaba para los rellenos sanitarios y otras actividades acordes a este servicio, el privado se quedaba con el 82% de estos recaudos. En la actual administración y su nuevo enfoque público a cargo de la empresa del acueducto, el distrito ha gastado alrededor de 270mil millones de pesos como cuota inicial para bridarle este servicio al 50% de la cuidad, ni siquiera a toda la población.

Además de este despilfarro entre otros, el alcalde Petro tiene como propuestas para materializar, la creación de un Banco para competir con los privados y demás llamado Banco Muisca que públicamente lo ha dicho, junto con la creación de una empresa llamada alimentos Bacatá convirtiéndose en la competencia de corabastos, supermercados y tiendas de barrios.

Toda esta maquinaria  para desarrollar estos y otros proyectos demasiado ambiciosos para la capacidad del Distrito, han llevado a dos situaciones, una de orden disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación y otra situación política por parte de la ciudadanía plasmado en el proceso de la revocatoria.

El exalcalde Castro tras haber leído las 260 páginas de imputación de cargos de la Procuraduría a esta administración noto que es un documento serio con bases jurídicas sustentables y fuertes. Y resalto la importancia de la revocatoria como herramienta y facultad constitucional por parte de la ciudadanía hacia el descontento y desconfianza a esta administración.

 Como conclusión de este conversatorio el Dr Jaime Castro invito a que este proceso de revocatoria va por buen camino y que el apoyo en las votaciones si se dan para la revocatoria tiene que ser un trabajo de todo aquello que notamos y no queremos este tipo de gobiernos que estancan el desarrollo en este caso de nuestra ciudad.

Por Juan David Ramírez A.

Asesor Departamento Sociopolítico ACORE

@juanranzola

Seminario Internacional Derechos Humanos y Derecho Internacional de los conflictos armados: Desafíos contemporáneos

El día 2 de Agosto en el Aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada se realizó este notable evento con la participación de la Dra Diana Ávila del programa presidencial para los Derechos Humanos, el Dr. Héctor Olasolo Presidente del Instituto Ibero-Americano de la Haya, profesor titular Derecho internacional – Universidad el Rosario, Dr. Alejandro Ramelli Directo Unidad de análisis y contexto de la Fiscalía general de la Nación, Dr Jean Carlo Mejía Azuero PhD en Derecho, investigador y experto en D.I, Coronel María paulina Leguizamón Tribunal Superior Militar, alumna CIDENAL 2013 y el Brigadier general Diego Yesid Sánchez Ruiz comandante jefatura Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
La participación de ACORE por medio de su Departamento Sociopolítico en estos eventos académicos, que cobijan la coyuntura nacional, son importantes para la relación de la Asociación con la actualidad y con los escenarios donde se desprenden los grandes debates que atraviesa el país.

En esta ocasión con los expositores mencionados anteriormente, se trataron temas que se complementan entre si y que además denotan con la actual negociación para la terminación del conflicto con el grupo terrorista FARC. Uno de ellos fue la competencia de la Corte Penal Internacional, que se establece como una justicia complementaria no subsidiaria, funcionando en dos momentos procesales, una seria ciertas situaciones de conflicto y de crisis territoriales determinados en cierto tiempo y delitos de lesa humanidad es decir violencia sistemática sobre la población civil (estos delitos son imprescriptibles) y el otro momento procesal es el caso dirigido contra individuos concretos con dinámicas de violencia específicas. La Corte Penal Internacional actúan en 4 escenarios, que son, el acompañamiento al Estado en el cumplimiento de sus deberes con su respectivo monitoreo, incentivar a que se adopten medidas que a nivel interno se están planteando, investigar y juzgar en dado caso que el Estado no cumpla satisfactoriamente con sus deberes, convirtiendo se entonces y con la facultad que los Estados le dan a esta Corte cobijada por el Estatuto de Roma como la última palabra.

Por parte de la Fiscalía General de la Nación, el Dr. Ramelli se refirió a la transformación que ha tenido la Fiscalía al cabo de estos últimos años y la complejidad de los múltiples delitos y actores durante estos casi 60 años de violencia, la dispersión de las investigaciones puede complicar incluso la parte jurídica de la resolución del conflicto con el grupo terrorista FARC, por eso la transformación de esta institución y la preocupación de organizar las investigaciones por delitos y organizaciones delictivas, no por criminal en concreto, por regiones, y demás componentes que puedan descifrar los mayores responsables de ciertos delitos que se priorizaran. La priorización de los delitos según la Fiscalía, es una técnica que permite gestionar de manera racional y eficiente las demandas ciudadanas de justicia, estableciendo unos órdenes de atención de las mismas, con base en la adopción de unos criterios objetivos. Dentro de los insumos se encuentran el análisis criminal estratégico y análisis militar con metodologías empleadas por los tribunales penales internacionales, no es una metodología solo parar investigar entes del Estado, separa cualquier organización que se quiere aplicara en toda la Fiscalía.

Otros temas tratados en el seminario fueron el fuero penal militar como derecho constitucional para la Fuerza Pública, junto con temas relacionados a este como la constante amenaza terrorista y la estrategia del comunismo reflejada en todas las formas de lucha, por eso la importancia de la seguridad jurídica para nuestros combatientes que hoy ven con cierto grado de temor ven las decisiones del a justicia ordinaria, reflejada en casi 15mil miembros de la F.P con procesos o judiciales.

Finalmente el Gr Yesid Sánchez Comandante de la jefatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se refirió a la importancia de la memoria histórica dentro del marco de negociación con terroristas FARC y destaco el constante trabajo que ha implementado las FF.MM para la elaboración de una memoria de nuestras víctimas, que constitucionalmente en la ley 1448 del 2011 están soportadas. Con respecto al informe Basta Ya del centro de memoria histórica, se concluyó que es un trabajo endogámico y sesgado en muchos de sus aspectos, por eso la vitalidad de este trabajo que viene realizando esta jefatura y su importancia para no tener una memoria desmemoriada llena de vacíos, si no una memoria reflejada por todas las victimas que enseñe a las futuras generaciones.

NO QUIERO UNA PENA ALTERNATIVA, QUIERO JUSTICIA

“NO QUIERO UNA PENA ALTERNATIVA, QUIERO JUSTICIA”

General Jaime H. Uscátegui

Así responde el General Uscátegui a la polémica por las altas condenas a militares, en comparación con irrisorias condenas a los miembros de grupos armados al margen de la Ley.

El General Uscátegui se encuentra condenado a 40 años de prisión por su supuesta omisión en la masacre de Mapiripán (Meta, julio 1997).  Luego de ser absuelto por este delito, el 28 de noviembre de 2007, por parte del Juzgado 9º del Circuito Especializado de Bogotá, el General Uscátegui fue condenado a 40 años, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá el 23 de noviembre de 2009.

“Cómo hablar de una pena alternativa, si yo soy inocente.  Las tropas responsables de Mapripán no estaban bajo mi mando y eso me exonera de cualquier omisión.  El Presidente Santos ha dado fe de mi inocencia”.  El Dr. Juan Manuel Santos Calderón, en su condición de Ministro de la Defensa, el 21 de diciembre de 2006, certificó mediante oficio No. 59215/MDENL-848 (ANEXO) que la Brigada Móvil No. 2 (y no la VII Brigada bajo el mando del GR. Uscátegui) tenía el mando operacional sobre el Batallón París en julio de 1997.  El Batallón Joaquín París era el directo responsable de la seguridad de Mapiripán. 

“Cómo puedo ser llamado a responder por la acción u omisión de un Batallón que no estaba bajo mi mando.  No acepto pagar ni un solo día de cárcel por una omisión que jamás cometí, por eso rechazo cualquier oferta de alternatividad penal.  Prefiero esperar a que la H. Corte Suprema de Justicia revalúe mi caso y se percate que he sido víctima de una gran injusticia”.

BRIGADIER GENERAL JAIME H. USCATEGUI

C.C. 19.062.509 DE BOGOTÁ

CENTRO DE RECLUSIÓN MILITAR ESCUELA DE INFANTERIA

TEL. 6193116

El espíritu de combate frente al temor de la injusticia

Escrito por: Mayor General Ricardo Rubianogroot Román, Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar.

Mientras en varios países del mundo,  con visión futurista,  fortalecen la justicia  penal militar (JPM), la examinan, la actualizan, la mejoran, para que ella sea garante y coopere en la acertada marcha de las instituciones armadas y por ende  de su propio país, parecería que en Colombia nuestros dirigentes son incapaces de dimensionar lo que lograrán con las instrucciones dadas respecto de lo que será el futuro de la Justicia Penal Militar; o por el contrario, con toda la claridad y entendimiento saben que lo que están disponiendo será la catástrofe y el fin de la misma y por ende de las mismas Fuerzas Militares; este planteamiento se evidenció en el foro de JPM realizado recientemente en el país.

En mi experiencia como Comandante operativo que fui en gran parte de mi carrera de mas de 39 años, me correspondió entrar a analizar y  buscar alternativas,  al percibir en mis subalternos en los Comandos que desempeñé, actitud díscola y de inquietud, cuando se los asignaba a cumplir misiones de bombardeo e interdicción o cualquier misión típica que la Fuerza Aérea cumple para neutralizar a los enemigos de Colombia.

Cuando aquellos pilotos y tripulantes de las aeronaves de combate empleadas en esta guerra que vive el país, se manifestaban preocupados, temerosos, faltos de protección, exteriorizaban y demandaban con respeto, orientación, apoyo y garantías en lo que sería un posible enjuiciamiento penal, disciplinario o administrativo, por  posibles daños colaterales que podrían presentarse, producto de la operación ordenada y ejecutada por ellos, el Comando, no encontraba ni había propuestas o respuestas claras en textos legales ni en la asesoría legal recibida. La jurisprudencia encontrada no daba argumentos para tranquilizarlos y darles garantías.

Aquellos cuestionamientos surgían con mayor insistencia  al ver compañeros respondiendo legalmente solo por  cumplir cabalmente una orden de operaciones; tenemos  el caso de Santo Domingo, como un ejemplo claro de injusticia, donde se condenaros con a altas penas a honestos pilotos y tripulantes.

Ese caso fue manejado por la Fiscalía con desconocimiento y sin deseos de argumentar el entorno operacional. Es conocido también que fué manipulado por legalistas ajenos a la institución,  evidentemente mal intencionados, quienes  direccionaron y argumentaron que en esta operación, se habían infringido temas relativos a los  Derechos Humanos (DIH),  infortunadamente a quienes les correspondió la defensa carecían de planteamientos sólidos, consistentes y serios; a esa defensa le correspondía manifestar que quienes instruyan un caso de estos o similar, deben conocer de derecho pero también de temas militares, analizar el entorno en el cual se cumple una misión de combate, conocer de operaciones aéreas,   ser expertos en  temas tácticos, estratégicos y militares, especialistas en el ambiente en que se da una guerra, es decir versados militares abogados en JPM. De esa manera procurar un dictamen  y  sacar avante una defensa justa para quienes trabajan por y para la nación.

En este proceso como en muchos, difícilmente se esgrimen argumentos o manifestaciones referentes al derecho internacional de los conflictos armados (DICA), cual es una de las alternativas y que es usada por las grandes potencias en lo conflictos en los que ellas participan, buscando protección y garantías para sus hombres.

Solo basta una mirada rápida, para apreciar como el ímpetu de operaciones ha disminuido tanto en lo terrestre, como en nuestros  ríos, mares y las acciones provenientes desde los aires se han reducido.  Quienes tienen hoy la responsabilidad del manejo de las instituciones castrenses con lógica entendible  por  formación, lealtad y complacencia al Gobierno Nacional, manifiestan que las tropas siguen a la vanguardia y con el ímpetu a flor de piel;  que  diferente es la realidad!   

Como nuestros respetados y estimados Comandantes no  pueden ni deben manifestarlo abiertamente, lo manifestamos quienes tuvimos la experiencia operacional y amamos nuestras instituciones militares: “tenemos tropas temerosas, no de combatir, temerosas de someterse a una justicia injusta y que  encuentran poco apoyo y garantías mínimas por  parte del mando y del gobierno”;    ni las mejores tropas con la mejor moral, con el espíritu de cuerpo desbordado, mejor preparadas y motivadas, podrían ganar una guerra de esta manera, con ese limitado soporte.

Veíamos en el foro que se llevo a cabo en días pasados en nuestra capital, el que tuvo como  tema central  la Justicia Penal Militar (JPM) y al cual asistieron representantes de gran parte del continente americano, en el, los asistentes narraban y exponían con seguridad y orgullo, lo que es la JPM en cada uno de sus países.

Se destacó el expositor Peruano, militar, abogado y legalista reconocido, el narró como la JPM en su país fue más atacada y vilipendiada que la nuestra, llegó prácticamente a desaparecer, pero con un manejo adecuado, con argumentos válidos, legislando apropiadamente, concientizando al gobierno de los efectos y consecuencias de una JPM débil para su país,  ella retomó su rumbo, se fortaleció y hoy es fundamental en el esclarecimiento y en la buena marcha de las operaciones militares de ese país hermano, el que nuevamente es objeto de una guerra asimétrica manejada por la izquierda y con directrices extractadas del Foro de Sao Pablo, que   silencioso y sistemáticamente  sigue incrustándose en los diferentes países de la región.

De la misma forma el representante del Gobierno de los Estados Unidos un General en servicio activo, lo que garantiza que es un experto en temas militares y  fundamental para desempeñar el cargo de directivo en JPM,  manifestaba magistralmente que el nivel y credibilidad de la JPM en su país, es el mismo que tiene la justicia ordinaria, incluso en oportunidades  y en mutuo acuerdo,  intercambian experiencias y personal para esclarecer casos legales, hay una constante sinergia y cooperación;  qué lejos estamos de este sano ejemplo que nos coloca esta potencia mundial en diversas áreas, siendo el ámbito legal una de sus fortalezas.

Lo que tal vez percibí con preocupación y  a lo que se le debe prestar mayor atención, fueron las manifestaciones y expresiones de los asistentes por Colombia, oficiales activos de la Fuerza Publica quienes en forma  insistente pedían a oficiales en retiro abogados miembros del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar CCPPM, quienes en su mayoría fueron los expositores en la mencionada ocasión, que fueran voceros, que procuraran cambiar ese fatídico destino que se avizora para la JPM Colombiana.

Acaso estan ellos tambien temerosos? actuar con claridad y decisión en este tema puede ser nefasto para sus carreras y su futuro institucional? que les impide a ellos manifestarse con sensatez en lo que perciben como incorrecto en temas de la JPM?

“Señores Comandantes, estimados compañeros, actúen con prestancia y en forma firme, es ahora y les correspondió a ustedes enderezar el camino, pues dejamos avanzar lenta y perjudicialmente esta circunstancias del  mal lugar  y  hora que ostenta hoy la JPM Colombiana, es cierto que esta realidad se debe entre otros factores,  que los que ya pasamos y los antecedimos en las filas castrenses, no actuamos oportuna y diligentemente para evitar esta pérdida,  no cometan ustedes nuestro mismo error”.

Perdimos prácticamente el Fuero Militar. Tenemos un manual operacional que cada vez restringe más las acciones militares exitosas. Hay en las cárceles y con procesos mas de  3.000 militares activos y retirados enjuiciados por aspectos operativos e inherentes al servicio. Las Fuerzas en forma individual, pues ni para ello hay un criterio unificado, han intentado organizar entes para la defensa operacional; allí está DEMIL tan duramente atacada recientemente y en donde su director fue obligado a dimitir. Somos ya espectadores fríos, escépticos y temerosos cuando la Fiscalía llega a las Unidades y a las Escuelas e Institutos a “sacar” a oficiales  y  suboficiales activos alumnos de estos cursos para llevarlos cárceles civiles, desconociendo la normatividad existente en este sentido. Nos han perdido el respeto y no nos hacemos respetar.  Las cárceles militares están desacreditadas, cuestionadas;  ¿que más veremos en los próximos días?  ¡A donde hemos llegado! Los únicos ganadores en esta realidad son los enemigos de la paz, las organizaciones de izquierda mal intencionada, ellos si han trabajado con dedicación y estan logrando sus propósitos.

Señores Comandantes de las Fuerzas Militares, abogados castrenses, directora de la JPM, militares en servicio y de la reserva activa, un llamado a la cordura, a la sensatez, a la reflexión y acción, en este tema tan sensible y de tanta trascendencia para el futuro de nuestras Institución armada, protejamos nuestra Justicia Penal Militar.

Bogotá, 26 de Marzo de 2011

Producto de la reflexión del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com

Por favor enviar sus comentarios a: pensamiento.politico.militar@gmail.com

CARTA A JUAN MANUEL SANTOS CALDERON

Bogotá Febrero 27 de 20111

Señor:

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República de Colombia

Muy admirado y respetado Presidente:

Voy a dirigirme sobre el caso del Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA.

1.   Con gran tristeza me informe de que había sido condenado a 30 años de prisión por el caso del PALACIO DE JUSTICIA.

2.   Conocí al coronel PLAZAS VEGA cuando yo era gobernador del Norte de Santander, y el era uno de los oficiales mas distinguidos  del grupo Maza en el año de 1966.

3.   Más tarde se casó  con TANIA hija del comandante del Batallón, mujer muy atractiva e inteligente que admiraba mucho al Ejército, tal vez por ejemplo de sus padres.

4.   El coronel fue escogido por el ejercito Colombiano para que defendiera el Palacio de Justicia como un oficial sobresaliente y con méritos para cumplir una misión tan importante y definitiva para el país, defender la constitución, la justicia y la presidencia de la República, objeto final del ataque.

5.   El coronel había sido  felicitado por el rey de España en un curso que el hizo en ese país, fue el mejor de todos.

6.   El coronel tiene 25 años de estar sufriendo  penas Psicológicas, morales y materiales.

A. Psicológicas:

Durante todo este tiempo ha tenido que resguardar su vida, la de                        sus familiares y la de sus hijos, de los intentos de muerte de los guerrilleros y narcotraficantes que derrotó en el Palacio de Justicia. Incluso a sus hijos tuvo que sacarlos al exterior para protegerlos.

 B. Morales:

Se frustro su ascenso a General, (frustración debida al actual gobernador de Nariño Navarro Woolf) y narcotraficantes

 En lugar de estar disfrutando hoy en día de su pensión y retiro, tiene que estar atendiendo las dudas de la justicia, bajo la presión de los guerrilleros y los narcotraficantes.

C. Materiales:

Durante estos 25 años ha tenido que atender a la justicia, ha estado varias veces recluido y aun enviado a la cárcel Picota y últimamente la fiscal ha pedido al juez una condena de 30 años.

Quiero pedirle al señor presidente muy respetuosamente, que interceda en el caso del coronel Plazas Vega.

El Ex Presidente Belisario Betancur quien fue uno de los más favorecidos no ha querido intervenir a favor de quien con coraje y ánimo defendió su vida y la de más de miles de  personas que hubieran sido  afectadas  con este golpe terrorista.

¿QUE CORAJE Y ANIMO TENDRAN LOS PRESENTES Y  FUTUROS MILITARES Y POLICIAS PARA DEFENDER EL PAIS? ¿SI LOS EJEMPLOS QUE TIENEN NO PUEDEN SER MAS DICIENTES?

Su compatriota

GUSTAVO LOZANO CARDENAS

CR 11 B Bis # 124 A -15 Apto 402

Teléfono: 6206176 

Ex Alcalde de Cúcuta

Ex Gobernador del Norte de Santander

Ex Gerente del ICEL (Instituto Colombiano de Energía Eléctrica)

Ex Senador de la República

Ex Embajador en Noruega

CONVOCATORIA RESERVAS PARA CREACION COMITÉ DE DIRECCION POLÍTICA

CONVOCATORIA RESERVAS PARA CREACION COMITÉ DE DIRECCION POLÍTICA

Bogotá, Febrero 10 de 2011
En el desarrollo del IV Congreso de Confecore, se trataron varios temas y principalmente el pertinente al tema de la política y las reservas activas.
Resaltó en ese entonces la recomendación de varios asociados en el sentido de crear un Comité que dirigiera los esfuerzos de la reserva activa en la búsqueda y concreción de un posicionamiento en el espectro político del país.
Esta convocatoria obedece a ese deseo de tantos asociados de diferentes organizaciones y hemos invitado, además a los presidentes de todas las organizaciones que agrupan, indistintamente y por diversos conceptos a miembros de la reserva. Aquí, hoy y en el futuro político de la reserva tendrán cabida las personas y organizaciones que políticamente quieran contribuir al logro de la presencia de la reserva activa en las corporaciones municipales, departamentales y nacionales.
Debo ante todo advertir que personalmente no aspiro a la representación política de la reserva en ninguna de las instancias antes referidas. Mi tarea sería si lo estiman así, contribuir a la unión de esfuerzos para la meta que tanto anhelamos y nunca hemos podido concretar, ni siquiera teóricamente.
Principios que deseo someter a la consideración de los presentes:
1. El Comité que se debe crear a partir de hoy, y no necesariamente hoy, estará orientado a la dirección estratégica de la reserva activa por los cauces políticos.
2. El Comité, como tal, no tendrá la jefatura de corriente partidista de ninguna naturaleza dentro de la reserva.
3. El Comité, orientará en el futuro hacia todos los candidatos que surjan de la reserva, en cualquier contienda electoral, los mejores esfuerzos para que ellos reciban el aporte de la masa
votante de la reserva y sus familiares en los municipios, departamentos, nacional e internacionalmente.
4. El Comité, consciente de que aún no tenemos un partido consolidado y con la acreditación legal, aspira que en el futuro se pueda contar con un partido que logre canalizar la voluntad política de la reserva. Esa tarea podría estar en la meta del Comité que se aspira a crear.
5. Para el Comité no habrá preferencias ideológicas o partidistas, todos los miembros de la reserva tendrán amplia y favorable aceptación para recibir los beneficios que ese Comité genere en el futuro.
6. El Comité propenderá porque en municipios y departamentos se produzcan candidaturas para las diferentes alcaldías, concejos, asambleas, cámara de representantes y senado de la república.
7. El Comité buscará y mantendrá el contacto permanente con dirigentes políticos honestos de diferentes partidos y corrientes, que puedan contribuir al engrandecimiento y presencia de la reserva activa en el futuro.
8. El Comité podrá, si así lo consideran sus creadores, convocar reuniones de la colectividad o sus dirigentes, para impulsar políticamente a la reserva.
9. El Comité podrá, si así lo consideran sus creadores, convocar a convenciones locales, regionales o nacionales cuando sea del caso y se den las condiciones para ello.
10. El Comité, en lo posible debe integrarse, no con aspirantes o candidatos a los cargos por elegir en las elecciones que se convoquen en el futuro inmediato.
Reunión y resultados:
Siendo las 09: 00 horas se inició la reunión con asistencia aproximada de 53 representantes de diferentes organizaciones de la reserva. Con el anterior mensaje se ilustró a la concurrencia y quedó muy claro que tuvo gran acogida los asistentes coincidieron en apoyar la idea de conformar el Comité o mejor una Dirección Política Nacional de la Reserva Activa. De igual manera apoyaron y ven con muy buenos ojos que a través de la Confederación y que el
señor MG Juan Salcedo Lora lidere la conformación de este Comité o Dirección Política y todos estuvieron de acuerdo en felicitar a CONFECORE por abanderar esta propuesta y por haber citado a esta reunión.
Intervinieron vario líderes y presidentes de Asociaciones como también algunos que ya han sido candidatos políticos para aportar sobre su experiencia y que éstas sean tomadas en cuenta para no cometer los mismos errores y lograr el éxito en las próximas elecciones.
Se insistió en la unión de la reserva y de la importancia de no regirse ya más por los rangos, ya que esto influía en el desinterés en participar por temor o por malos recuerdos del pasado.
Se recalcó la importancia de tocar las puertas de los medios de comunicación para ser escuchados y encontrar el apoyo de la Reserva a nivel nacional. Presidentes de algunas Asociaciones manifestaron apoyar la publicidad en cuanto a este tema a través de sus boletines o periódicos.
Se sugirió elaborar una lista de posibles candidatos y los dos que obtengan mayor votación serían los candidatos que nos representarían y por los cuales todos votarían para así lograr la representatividad que estamos buscando. En cuanto a los candidatos se insistió en que sean idóneos en la materia con preparación y que se distingan por su buenas relaciones y que manejen con altura las reuniones.
En cuanto a la conformación del Comité o Dirección Política lo deben conformar personas que sepan del tema, que no sean candidatos en las elecciones subsiguientes, que sean líderes sin importar a que organización pertenezcan o el rango que tengan, con gran conocimiento del tema, buen manejo de las relaciones y luego todos apoyarlo para ir unidos en una misma dirección y no cada uno por su lado que es por lo que no se ha logrado el éxito en las pasadas contiendas políticas.
En cuanto a la continuidad de las reuniones para este tema, serán determinadas en cada una de ellas de acuerdo a fechas sugeridas y por votación se elegirán las mismas.
Se determinó que la próxima reunión se llevará a cabo el 18 de febrero de 2010 en la sede de ACOLSURE Carrera 15 No.28ª-35 a las 9:00 horas y se comprometieron a divulgar este evento para obtener mayor convocatoria.
Nota final: se espera indudablemente mayor asistencia a la reunión del viernes 18 a las 09:00 en Acolsure-Bogotá, en especial de presidentes de organizaciones. No se necesitan barras o grupos de apoyo. Se necesita discutir para organizar, deliberar para avanzar y deseo de conciliar posiciones tradicionalmente encontradas.
Cordial saludo,
MG Juan Salcedo Lora

OPORTUNISMO POLITIQUERO EN TORNO LOS CENTROS DE RECLUSIÓN MILITARES

La tormenta con fines polítiqueros y propagandísticos, desatada tras el escape de un oficial detenido en la cárcel militar de Tolemaida y su inmediata captura, corrobora que a partir de 1991, el Fuero Militar, la Justicia Penal Militar y el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares quedaron expósitos y expuestos a los abusos de autoridad por partes de entes jurisdiccionales y ahora del INPEC.

Pese a que la Constitución es clara y en su articulado prevé el Fuero Militar, lo cual implica que todos los delitos cometidos por militares en servicio activo, deben ser juzgados por tribunales castrenses y por extensión, que la Justicia Penal Militar debe ser un ente sólido con  funciones precisas y alcances totales sobre la conducta atípica de los militares de cualquier graduación.

    Pero al mismo tiempo, la Constitución de 1991 dejó un par de vacios en los campos pernal militar y disciplinario, que no fueron cubiertos por los ministros de defensa civiles, neófitos en temas de seguridad nacional, desconocedores absolutos de las instituciones armadas, pero eso sí, sin excepción ansiosos, de utilizar el cargo como trampolín con fines electoreros posteriores.

Esta debilidad institucional facilitó a las FARC y sus comisarios políticos invocar los derechos humanos y la necesidad de quitar a la Justicia Penal Militar la potestad de investigar, juzgar y sentenciar o absolver a los militares en servicio activo con presuntas conductas atípicas.

     De remate, ni el Congreso de la República, ni las altas cortes, ni la misma justicia penal militar se pronunciaron al respecto, sino que la costumbre hizo ley, hasta el extremo que además de destituir a 27 oficiales sin seguir las elementales normas del debido proceso, en un show mediático orquestado por una Fiscal y funcionarios del INPEC ansiosos de protagonismo, el coronel Plazas Vega fue sacado del Hospital Militar para conducirlo a una cárcel común sin evaluar que tras esa intención mediática de autoeficiencia jurídica,  el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia común lo podrían asesinar.

Además cientos de oficiales, suboficiales y soldados sindicados de delitos, fueron internados en cárceles comunes, con la venia complaciente hasta de los propios presidentes, pues en una desatinada e incomprendida salida en falso, y con el fin de lavar su imagen como gobernante, el entonces Presidente Uribe, aseveró que la Justicia Penal Militar solo debería conocer el delito de deserción.

Y así hay muchos casos, en los que de manera paulatina enemigos naturales y "amigos despistados" de las Fuerzas Militares han ido desnaturalizando la institución y con su actitud espuria, coadyuvando al potenciamiento de muchos comisarios de las FARC y otros grupos narcoterroristas, infiltrados en la por siempre endeble justicia colombiana.

Al poner las cosas en claro surgen varios elementos: 1. Si es cierto que el mayor Rodríguez alias Zeus, cometió faltas disciplinarias en la reclusión, se supone que como infractor debe recibir alguna penalidad prevista en las leyes colombianas y no convertir este caso, en la oportunidad politiquera de quien desde el Ministerio del Interior está campaña política para ser candidato presidencial en el año 2014, o de quien desde la Dirección del INPEC, cree que descubrió la importancia del agua en la navegación marítima, para así, convertirse en futuro sucesor del general Naranjo.

2. Si el mayor Rodríguez cometió las presuntas irregularidades de las que se le acusa, es él y solo él, quien debe pagar por ellas , pero no servir de justificación para una cacería de brujas y un desprestigio abierto del Ejército Nacional, a costa de posicionar a supuestos "probos e inmaculados" funcionarios públicos del Ministerio del Interior y el INPEC.

 3. Para nadie es un secreto que al parecer el mayor Maldonado delinquió no solo para deshonrar el uniforme militar, sino producto de la ineptitud funcional de sucesivos presidentes de la república, congresistas, magistrados de las altas cortes, jueces y fiscales; quienes por ineptitud o por inacción, coadyuvaron a que Colombia se desvertebrara, las FARC se envalentonaran, con la nefasta consecuencia que algunos de los hacendados, los grandes comerciantes y los industriales abierta o clandestinamente, apoyaran a las autodefensas para contener un fenómeno que parecía desbordar al país.

 4. Es natural, aunque en ningún momento lo justificamos, que personas que no solo arriesgaron su vida en combate contra los terroristas, sino que delinquieron; forzados por las circunstancias derivadas de la ineptitud e indiferencia de otros entes del Estado, hoy se sientan abandonados por la misma sociedad que defendieron y a la que le minimizaron el drama que les heredaron presidentes como Pastrana, Samper, Gaviria, Barco y Belisario; hoy estén encarcelados como el mayor Maldonado, y ante esa sensación de abandono, busquen huir hacia la libertad como ocurre con la mayoría de los presos que purgan largas condenas.

     A todas luces es una ligereza y un paso atrás en el proceso de resocializar a quien delinque con uniforme militar, llevarlo a una cárcel común para  que purgue condena al lado de peligrosos delincuentes a los que antes combatió, pues esto además de ser indigno, atenta contra su seguridad e integridad física y desestimula a otros jóvenes a seguir la carrera de las armas.

    La solución a este grave problema no es revolver a los militares que hayan delinquido con hampones en cárceles comunes. Tampoco es terminar de desnaturalizar la Justicia Penal Militar. La respuesta a este desafío es replantear las condiciones de funcionamiento de los centros penitenciarios militares, retornar la totalidad del Fuero Militar a las instituciones armadas, establecer convenios y procedimientos concretos de acción recíproca con el INPEC, y fortalecer las estructuras de Justicia Penal Militar, venidas a menos con la llegada de ministros de defensa civiles, que además de debilitarla, trajeron consigo a una serie de funcionarios impreparados a quienes ubicaron en diferentes cargos de la Justicia Penal Militar como favores políticos, y así lo entendieron los nominados.

     Por otra parte, además de entender la naturaleza del conflicto armado en Colombia que al parecer no entienden bien,  en lugar de politiquear para fingir autoridad suprema e impoluta desde el gobierno nacional; o vociferar como lo hace el locuaz ministro del Interior; o utilizar el oportunismo evidente de la dirección del INPEC, es necesario que estos entes articulen con el Ministerio de Defensa medidas preventivas como la calidad de la incorporación y exigencia más estricta para que las Escuelas de oficiales y suboficiales, reduzcan las cuotas de cabos y subtenientes en aras de cualificar profesional y moralmente a los futuros cuadros de mando.

     Por otro lado establecer programas estratégicos de resocialización de los internos, mejoría permanente de la condiciones de vida del sistema carcelario y su seguridad física, entrenamiento intensivo para los directores de los centros de reclusión, programas de periódicas revisiones interinstitucionales a las cárceles militares, y en general trabajo en armonía.

Flaco favor hacen al país y al futuro de las Fuerzas Militares la politiquería, la autopropaganda al estilo Vargas Lleras o general Ricaurte y la implícita deslegitimación del Ejército.

     Surgen muchas preguntas al respecto. Por ejemplo: 1. ¿Por qué entonces el presidente de la república si conserva su fuero?... ¿Porqué los vinculados a la farcpolítica siguen libres, a sabiendas que ellos son los causantes del desorden que sacude a Colombia?...¿Porque si es válido el fuero eclesiástico y no el militar?...¿Será que en las cárceles que están bajo control directo del Inpec y del Ministerio del Interior, no suceden cosas iguales o peores a las que supuestamente cometió el mayor Rodríguez?..

     ¿Cuál es la razón para que haya tanta saña contra el Ejército, pese a que la mayor parte de sus hombres entregan hasta sus vidas por defender a Colombia y con su cuota de sacrificio permiten que funcionarios como los ya mencionados ocupen sus cargos y gocen de tantas prebendas?... ¿Será justa la retribución de Colombia a los esfuerzos de los militares?...¿Qué es más grave la fuga de un interno de una cárcel militar, o la complicidad abierta de algunos jueces, fiscales y hasta magistrados con terroristas de todas las pelambres?..¿Qué es más grave, que escape un interno de una cárcel militar, o que una senadora de la república, sea abierta e impunemente la estafeta oficial de las Farc?

      Reitero: No se justifica ninguna conducta atípica. Solo se ponen sobre el tapete consideraciones e interrogantes, para invitar a los encargados de decidir la suerte de los militares sindicados de delitos, a que se les respeten los derechos constitucionales como el fuero militar, el debido proceso, la seguridad e integridad física, y la posibilidad de ser vencidos en juicio acorde con las leyes y no con los oportunismos egocéntricos politiqueros.

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

Analista de asuntos estratégicos

www.luisvillamarin.com