UNION DE TODAS LAS RESERVAS ACTIVAS DE LA FUERZA PÚBLICA

Las miles de voces que pedían acciones concretas en defensa de la Reserva Activa fueron escuchadas. Hoy, luego de un arduo trabajo, la unión de todos los integrantes de la reserva es un hecho.

El jueves 24 de septiembre, en el Círculo de Suboficiales en Bogotá, se concretó la creación del Comité Interinstitucional con el visto bueno de los representantes de Confederación Colombiana de Organizaciones del Personal en Retiro y Pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CONFECORE), la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE), el Cuerpo de Generales y Almirantes (CGA), la Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana (ASORFAC), la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional (ACORPOL), la Federación Colombiana de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro (FECOLSURE), la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACOLSURE), el Colegio de Generales de la Policía Nacional (CGP), la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro de la Policía Nacional (ACSURPONAL), la Asociación Colombiana de Agentes en Retiro de la Policía Nacional (ACARPOL), la Unidad Democrática de Retirados de la Policía Nacional (UNDERPONAL), la Asociación de Soldados Pensionados de Colombia (ASOPECOL)

La necesidad de unirnos dejó de ser un sueño para ser una realidad, gracias al compromiso y apoyo de todas las agremiaciones de la Reserva, quienes de manera activa y propositiva aprobaron de manera unánime el comunicado que da vida al Comité Interinstitucional.
El camino nos exige ahora más compromiso con nuestra institución, por ello solicitamos de su apoyo para que entre todos defendamos lo que es nuestro.

COMUNICADO A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA RESERVA ACTIVA DE LA FUERZA PÚBLICA.

24 de septiembre de 2009

Debido a los constantes ataques que a diario afectan la dignidad, honra y buen nombre de toda la Fuerza Pública y con el firme propósito de iniciar la defensa de nuestra institucionalidad, los presidentes de la Confederación, la Federación y las distintas Asociaciones de la Reserva Activa, se permiten informar a todos los integrantes de las Reservas y a los simpatizantes lo siguiente:

-Durante los últimos días, se han realizado varias reuniones con los presidentes de las asociaciones de la Reserva Activa del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con el fin de establecer una estrategia conjunta que permita implementar acciones concretas y contundentes, frente a la serie de atropellos e injusticias a los que continuamente se está viendo sometida la Fuerza Pública.

-A estas reuniones han asistido Soldados, Agentes, Suboficiales, Oficiales, Generales y Almirantes de la reserva, representantes de la Confederación Colombiana de Organizaciones del Personal en Retiro y Pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CONFECORE), la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE), el Cuerpo de Generales y Almirantes (CGA), la Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana (ASORFAC), la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional (ACORPOL), la Federación Colombiana de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro (FECOLSURE), la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACOLSURE), el Colegio de Generales de la Policía Nacional (CGP),la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro de la Policía Nacional (ACSURPONAL), la Asociación Colombiana de Agentes en Retiro de la Policía Nacional (ACARPOL), la Unidad Democrática de Retirados de la Policía Nacional (UNDERPONAL), la Asociación de Soldados Pensionados de Colombia (ASOPECOL), así como representantes de las distintas entidades adscritas a cada Asociación.
De igual forma, se ha contado con la participación de varios ciudadanos simpatizantes de la Fuerza Pública.

-Producto de dichos encuentros, se decidió la creación de un Comité Interinstitucional que tendrá como misión primordial la defensa institucional frente a las constantes persecuciones y abusos que están soportando los miembros activos y los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, por parte de Jueces, Fiscales y Medios de Comunicación.

-Es importante recalcar, que el Comité Interinstitucional estará enfocado únicamente en la defensa institucional de la Reserva Activa, pero no desconoce la necesidad de que cada Asociación tenga centros de defensa jurídica para sus afiliados.

-La orientación estratégica de esta iniciativa estará a cargo del Comité Nacional de Dirección y Coordinación, que emprenderá un trabajo continuo e incesante para cumplir con el objetivo estipulado. Este Comité Nacional implementará varias estrategias plasmadas en cuatro grupos de trabajo:

GRUPO ESTRATEGICO, POLITICO, MILITAR
Encargado de la unidad de la reserva, el manejo de centros generadores de opinión y observatorios institucionales, la búsqueda del posicionamiento institucional, la responsabilidad política del Estado con la Fuerza Pública y la ejecución de planes de acción y movilización de masas.

GRUPO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
Este grupo buscará el fortalecimiento de las relaciones con el mando (servicio activo), el manejo de medios de comunicación y estrategias de difusión, la búsqueda de la integración de la Reserva y los miembros en servicio activo, la conformación de bases de datos nacional de los integrantes de la reserva, así como el manejo efectivo de las relaciones públicas y los asuntos internacionales.

GRUPO DE DEFENSA INSTITUCIONAL
Desde este grupo se buscará la defensa de los valores institucionales principalmente del fuero militar, la generación de propuestas de reformas legales y constitucionales, así como la interposición de demandas por vulneración de los derechos de nuestra institución.

GRUPO ECONOMICO Y FINANCIERO
Encargado de proponer y desarrollar estrategias para la obtención de recursos financieros que permitan la ejecución de los programas y actividades del Comité Interinstitucional. Manejo de asuntos gremiales, salariales y pensionales, así como los temas relacionados con la publicidad.

-Para el logro efectivo de los objetivos planteados, se requiere contar con una infraestructura física, presupuestal y de talento humano calificado y especializado en las áreas de trabajo, que permita llevar a buen término esta iniciativa.
Por ello, vemos la necesidad de solicitar de manera muy respetuosa a todos los integrantes de la Reserva Activa, para que donen inicialmente la suma correspondiente a un (1) día de salario de la asignación básica. Este dinero se constituirá en el capital semilla que permitirá la creación de estos grupos de trabajo.
El proceso de donación será estructurado por el Grupo Económico y Financiero y posteriormente comunicado a todos los miembros de la Reserva Activa para hacer el trámite correspondiente.

-Les recordamos que el Comité Interinstitucional está abierto a todas aquellas Asociaciones, Organizaciones, Unidades Simbólicas y demás, que deseen participar y apoyar los Grupos de Trabajo.

La unión de todos es fundamental para contrarrestar los injustos ataques de los que estamos siendo objeto. Solo con el apoyo de cada uno de ustedes, lograremos hacer respetar nuestro Honor, Honra y Dignidad. Reaccionemos ahora antes que sea demasiado tarde.

Comité Interinstitucional

DECLARACION DE UN DESMOVILIZADO

*PANCLASTA

Los duros golpes militares recibidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante los últimos años, en el marco de la Política de Seguridad Democrática liderada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, no han sido suficientes.

Si bien esta guerrilla ha perdido a varios de sus mas importantes lideres y ha visto reducida su capacidad operativa; (las capturas, bajas en combate y desmovilizaciones de guerrilleros han debilitado hasta casi la extinción de algunos frentes), no es en este campo en donde se desarrollan sus mas peligrosas intenciones.

El tratamiento exclusivamente militar, que desde la institucionalidad colombiana se le ha dado a la guerrilla, desatendiendo la complejidad del fenómeno de violencia en todas sus dimensiones, le ha permitido a las FARC sortear la Seguridad Democrática de una manera audaz y novedosa, desplazando el eje de su accionar hacia la guerra política, jurídica, diplomática y mediática.

La iniciativa de una guerra de esta naturaleza, corresponde a un plan diseñado y ejecutado sistemáticamente por nuevas organizaciones, bajo la conducción de Alfonso Cano, nombrado comandante en Jefe, tras la muerte de Manuel Marulanda; Plan que contempla, entre otros elementos, la infiltración y penetración en importantes órganos del Estado, la empresa privada y los medios de comunicación. Persiguiendo este fin, las FARC promueven la creación de un Partido Político (Partido Comunista Clandestino de Colombia) que actué de manera clandestina, integrada por profesionales en diversos campos. A su vez las FARC crean el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, para incentivar la “organización popular de base” y entrar en sintonía con los procesos bolivarianos del continente, como elemento fundamental de la estrategia de integración política y militar suramericana, en el entendido que geopolíticamente, Colombia representa “la Joya de la Corona” y quien la obtenga al costo que sea será el vencedor.

Las organizaciones clandestinas, han venido actuando de manera parasitaria, valiéndose de la debilidad institucional para contener la infiltración y de la corrupción rampante en instancias institucionales de carácter regional. Un ejemplo que demuestra vehementemente este accionar, se puede ver en dos iniciativas gubernamentales, bandera social de la actual administración, que en su momento estuvieron altamente infiltradas. Se tratan de los programas de Familias Guardabosques y Familias en Acción. Ambos programas tenían por finalidad contribuir al desarrollo social y económico de las familias campesinas. Las FARC lograron, no sólo enquistar sus militantes en las direcciones regionales del programa, sino desviar los recursos que les llegaban a las familias beneficiadas, obligando a que estas entregaran el 50% de lo recibido, unos 40 euros mensuales por familia. En una sola región podían haber inscritas en el programa entre 2000 y 5000 familias.

La estrategia de las FARC también contempla la consolidación de un grupo de ciudadanos “ilustres” o “intelectuales”, que promuevan la tesis de la inevitabilidad de la “solución política negociada al conflicto”, y que logre posicionarse nacional e internacionalmente como los voceros legítimos de cualquier iniciativa de paz; lo que logró concretarse con la creación de “Colombianos y Colombianas por la PAZ”, liderados por la senadora liberal Piedad Córdoba, férrea opositora al gobierno, amiga y cómplice de Chávez, quien aun esta siendo investigada por sus vínculos con las FARC en la llamada Farc-Politica. Este conjunto de ciudadanos, algunos con conocimiento pleno de las verdaderas intenciones que se esconden tras la propuesta, serviría de plataforma para el lanzamiento del “Nuevo Gobierno Democrático”, punta de lanza de todos los esfuerzos de la guerrilla colombiana, por conquistar por vía civil-democrática la complacencia de un gobierno de transición que les permita una negociación en condiciones favorables, contando a su vez, con el apoyo que desde Venezuela se le ha dado a estas iniciativas, recientemente expresado en la creación de “bases de Paz”, como respuesta al acuerdo de cooperación establecido entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

La llamada Farc-Politica, o el proceso judicial, iniciado contra varios reconocidos miembros de la izquierda legal, facilitadores y miembros de la oposición, por sus vínculos con la guerrilla, ha representado otro de los grandes descalabros de la institucionalidad colombiana. Han sido absueltos varios de los implicados, archivados los procesos y legitimados en su accionar encubierto, gracias a una sospechosa investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que en pocos casos ha actuado con tal prontitud. Las pruebas allegadas al proceso, entre las que se cuentan los documentos hallados en el computador del “canciller” de las Farc, Raúl Reyes, testimonios de ex guerrilleros, entre otras, no fueron suficientes para develar esta peligrosa complicidad de sectores políticos con las FARC. Las unidades de la Fiscalía responsables de la investigación no hallaron merito, pese a que las pruebas y testimonios son tan o más contundentes de las que llevaron a varios congresistas a la cárcel por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares.

La guerra Jurídica es un hecho. Varios casos así lo confirman. La infiltración y penetración de las FARC en los organismos de Justicia esta haciendo estragos. Falsas denuncias, compra de testigos, montajes y una milimétrica actividad desde organizaciones civiles, configuran nuevos escenarios de confrontación, que el Estado no ha combatido con la misma eficiencia con la que ha combatido militarmente a las Farc en selvas y montañas.

La otra guerra de las FARC, es entonces, de indeterminables proporciones, en diversos campos, y con nuevos protagonistas. La complicidad y el apoyo que reciben desde las fronteras con Venezuela y Ecuador, surten las perdidas militares, oxigenan la actividad política e internacionalizan la guerra.

Mientras el tratamiento a las guerrillas se reduzca únicamente al aspecto militar, su derrota estará cada vez más lejos y las sorpresas en los escenarios jurídico, político y diplomático, no se harán esperar. Las elecciones proyectadas para el 2010 serán una prueba de fuego para la institucionalidad colombiana, para la Paz y para las relaciones internacionales.

*Desmovilizado de las FARC (PC3)

GROTESCA INCURSION EN EL HOSPITAL MILITAR

Por Eduardo Mackenzie
22 de agosto de 2009

Todo ocurrió en cuestión de minutos. Son las once de la noche, del 20 de agosto de 2009. En una habitación del Hospital Militar de Bogotá, un hombre de 65 años se dispone a tomar unas pastillas que minutos antes dos enfermeras le han traído. Su esposa vela a su lado. Los otros pacientes del piso duermen. El personal médico trabaja. El silencio es total en el vasto edificio. De repente, el corredor se llena de voces. Una veintena de personas avanza ruidosamente, abre la puerta de la habitación y entra en tropel. Dos mujeres vestidas de negro avanzan, se apoderan de la esposa del enfermo, la tumban violentamente sobre la cama, le colocan los brazos contra la espalda y la inmovilizan. Al mismo tiempo, doce o más hombres vestidos de civil, más dos con delantales blancos y uno con delantal azul, caen sin ningún miramiento sobre el paciente. Este trata de resistir, forcejea, pide ayuda a gritos. Los hombres lo inmovilizan brutalmente, le bajan el pantalón de la pijama, lo pican una y dos veces para inyectarle a la fuerza una substancia y comienzan a amarrarlo con lazos.

El paciente grita, pide ayuda, dice que lo quieren asesinar, maldice a sus agresores. Todo es inútil. Nadie viene a socorrerlo. Sin perder un segundo, los asaltantes terminan de amarrarlo y lo arrastran violentamente hacia la puerta. Los hombres se aferran como pueden a su víctima, transformada ya en una especie de bulto, en cosa inanimada, y la cargan en desorden entre todos. Nadie detiene a la turba. No se sabe cuántos de esos hombres y mujeres van armados. La escena es inaudita. El grupo se lleva a un enfermo contra su voluntad, amarrado, en un acto cobarde, cruel y degradante. Y nadie trata de frenarlos.

Luego de abrirse paso entre algunas enfermeras y pacientes estupefactos quienes, alertados por los gritos, acuden al corredor y asisten a la escena sin reaccionar, el extraño comando llega al ascensor y desaparece.
La persona que acaba de vivir esa atrocidad es el coronel ® Alfonso Plazas Vega. Hasta unos días antes el estaba detenido en la Escuela de Infantería, pues una fiscal, Ángela María Buitrago, había abierto contra él una instrucción contestable y plena de absurdos por los hechos del Palacio de Justicia de 1985. Detenido desde el 16 de julio de 2007, el coronel Plazas había ingresado al Hospital Militar para ser atendido de urgencia. La noticia de que la juez María Stella Jara Gutiérrez había ordenado esta vez trasladarlo por la fuerza a la cárcel de la Picota, donde podría ser asesinado en cualquier momento, lo postró en una angustia terrible que se transformó en depresión nerviosa severa. Tal decisión fue tomada en violación total de las leyes colombianas que exigen, como en todas las democracias, que los militares detenidos sean recluidos en instalaciones militares.

Tirada en un rincón de la habitación durante el forcejeo, la esposa del coronel Plazas se levantó como pudo y buscó el corredor. “Salí enloquecida”, revelará más tarde. “Encontré al personal del hospital, entre enfermeras, médicos y militares, absolutamente petrificados. Parecían maniquís mirándome aterrorizados. Les grité que si mi marido moría ellos también serían culpables. Lloré. Temblaba. Me sentía absolutamente sola, abandonada. Como sentía un fuerte dolor en el pecho me atendieron y me tomaron la tensión. Me colocaron un medicamento debajo de la lengua y me pusieron oxígeno. Finalmente, logré llamar a mi hijo y a mi hermana para que vinieran.”

Lo ocurrido en el Hospital Militar es gravísimo. La forma como llevan la investigación contra Plazas Vega es una aberración, con pruebas falsas contra él y sin que las pruebas presentadas por la defensa sean realmente valoradas. La juez, sin embargo, está obligada por la ley a ser imparcial y a buscar la verdad. ¿Este es el caso? Da la impresión que la juez busca una sola cosa: hundir al inculpado. Esa actitud es ilegal. El juez debe investigar y valorar todo: lo que acusa al acusado y lo que disculpa al acusado. Lo demás es barbarie. La metodología aberrante está siendo aplicada a otros altos militares. Hasta el mismo ministro de Defensa habla de una “guerra jurídica” en curso contra los militares colombianos. Lo ocurrido el jueves pasado es un paso más dentro de una escalada contra el estamento militar. ¿Quién podría abstenerse de pensar que la operación del jueves, en lugar de buscar la verdad, pretende quebrar física y psicológicamente a Plazas Vega y a su familia? Lo ocurrido en el Hospital Militar es una provocación adicional. ¿Qué hay detrás de esa movida de la juez Jara?

La terrible operación de captura y “traslado” a la Picota del coronel Plazas Vega, recuerda los métodos de la URSS de Breznev, con disidentes detenidos y amarrados por policías del KGB y llevados a hospitales especiales para enfermos mentales. Recuerda lo que ocurre hoy en Cuba.
Jamás una arbitrariedad de ese tamaño se había visto en Colombia. En ese acto escabroso no hubo ni una gota de respeto por una persona enferma, recluida en un hospital. Los hospitales y las iglesias son, en los países civilizados, lugares de asilo, que merecen todo el respeto. Sólo los criminales y los terroristas más endurecidos se atreven a violar esos espacios, a secuestrar e incluso a asesinar allí seres humanos, como ha ocurrido en otras ocasiones en Colombia.
En las barbas de todo el mundo, de médicos, enfermeras y vigilantes, un paciente fue sacado violentamente de un hospital.. Y en la más grande impunidad. Pues nadie se pregunta si ese acto, aunque haya sido ordenado aparentemente por una juez, es legal o ilegal. Nadie se pregunta (hay que ver el silencio de la prensa) si hubo en ello abuso de poder.

Una operación de esa naturaleza, organizada por especialistas en el golpe de mano, fue protegida por jueces infernales. Uno puede interrogarse si un día serán capaces de hacer lo mismo con un presidente de la República. ¿Era lo que quizás se estaba preparando con la operación Tasmania? Un día, si este tipo de aberraciones no son erradicadas del campo judicial, un juez infernal, con el pretexto de que tiene una orden de un juez ecuatoriano, por ejemplo, puede ir, con una escuadra de matones con patente, a capturar a un héroe, retirado o no, por haber participado en la Operación Fénix.

Hace unos años tal acto, que mezcla intrusión rápida, violencia, neurolépticos y un supuesto aval judicial, era impensable. Hoy no. La crisis de la justicia colombiana es profunda y lo que ocurrió el 20 de agosto muestra que la maquinaria ha enloquecido.
El país tiene que saber los nombres de la gente que instigó, ordenó y realizó esa cobarde operación. Debe conocer los detalles de la misma. El Congreso debería abrir una investigación. Lo que sucede va más allá de los intereses del coronel Alfonso Plazas Vega. Es terriblemente anómalo. Algo muy horrible se está preparando en Colombia. Lo ocurrido es inadmisible y debe ser investigado de manera independiente. La juez María Stella Jara ha ido muy lejos.

SIGUEN LAS INJUSTICIAS Y LOS ABUSOS

El siguiente es el relato de un grupo de personas, quienes de manera pacífica, asistieron a la audiencia pública en el juicio contra el Coronel Plazas. El relato muestra las injustas actuaciones de la juez tercera penal del circuito María Estela Jara y del abogado Jorge Molano, del Colectivo de Abogados, quienes violentaron la dignidad de estas personas.

Relato de Alberto Acosta, una de las víctimas del atropello de la Juez:

“El día martes 4 de agosto asistimos a la audiencia pública que se llevó a cabo en el juicio contra el coronel Plazas Vega.
Nos encontrábamos escuchando al testigo Tirso Sáenz, cuando de pronto el abogado Jorge Molano, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se levantó y le pidió a la Juez María Estela Jara que nos identificaran. La Juez nos ordenó ponernos de pie y dar nuestros nombres, inmediatamente ordenó a la policía pedirnos las cédulas y verificar nuestras identidades, mientras que las cámaras de TV presentes en la audiencia, registraron nuestros rostros y el proceder de la Juez.

La policía se llevo nuestras cédulas por más de 30 minutos, después estas fueron registradas por el secretario del juzgado como si nos tratáramos de delincuentes. Una vez terminada la declaración del testigo, la juez ordenó un receso y al solicitar la devolución de nuestras cédulas estas no aparecían. Estuvimos por 30 minutos más esperando que la policía las entregara, hasta cuando llegó un agente y nos comunicó que no las iban a devolver hasta que la juez ordenara hacerlo. Solo hasta que hicimos un escándalo nos devolvieron las cédulas. Acto seguido, la juez, abusando de su autoridad y siguiendo instrucciones del abogado del Colectivo Alvear Restrepo, nos reseñó.

Finalmente, al salir del juzgado fuimos objeto de amenazas e insultos por parte de personajes extraños y del abogado Molano, quien nos amenazó con que lograría que la juez nos metiera a la cárcel.

Luego de este caso de abuso e injusticia, hemos procedido a entablar las demandas correspondientes ante la autoridad competente. De igual forma, queremos poner en conocimiento de la comunidad nacional e internacional el maltrato y atropello del que fuimos objeto por parte de la juez y su asesor el abogado Molano, en donde claramente, se violó nuestro legitimo derecho a la honra y al buen nombre.

Queremos dejar constancia de que si algo nos sucede a nosotros o a algunos de nuestros familiares, responsabilizamos a la juez y su asesor el abogado Jorge Molano, que nuestra sangre caiga sobre estos personajes”

EL CASO DE SANTO DOMINGO

Un nuevo atropello vive la Fuerza Pública, esta vez a mano del Tribunal Superior de Bogotá, que condenó injustamente a 2 oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana por los hechos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, Arauca. Durante esos días, el caserío fue el escenario de un enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Pública y terroristas de las FARC quienes custodiaban un cargamento de cocaína de propiedad del Mono Jojoy y Grannobles. La Fuerza Aérea Colombiana, apoyando la labor del Ejército Nacional, empleó un helicóptero UH1H desde el cual se arrojó estratégicamente, un dispositivo tipo “clauster” para repeler el ataque de los insurgentes, sin causar daño alguno a la población civil.

Sin embargo, días después la población civil –amenazada y constreñida por las FARC- acusó a los miembros de la Fuerza Aérea, de haber matado a 17 personas y herido a otras tantas, debido al uso del dispositivo “clauster”. De manera instantánea, varios organismos de Derechos Humanos, medios de comunicación, grupos políticos y la propia Fiscalía General de la Nación, condenaron la actuación de la Fuerza Aérea Colombiana y sobre la base de mentiras, manipulación de testigos, engaños y arbitrariedades, crearon una conspiración con el fin de desprestigiar la legítima actuación de la Fuerza Pública.

Frente a este hecho, el Centro de Estudios Políticos de ACORE desea presentar a la opinión pública la verdad de los sucedido en Santo Domingo. El video Que la Verdad no sea la Primera Víctima elaborado por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales Verdad Colombia, refleja la forma vil e injusta a la que a diario se somete a los integrantes de la Fuerza Pública.
Hoy toda la presión psicológica, jurídica y mediática que viven las Fuerza Armadas, trajo como resultado la escandalosa e injusta condena a 31 años de cárcel de 3 inocentes patriotas combatientes. Por esta razón, rechazamos esta absurda condena y exigimos una justicia imparcial y transparente para el capitán César Romero Pradilla, el teniente Johan Jiménez y técnico Héctor Mario Hernández.

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ACLARACION SOBRE LA ESTRATEGIA

Debido a varios comentarios e inquietudes que hemos recibido sobre el envío de los artículos que se escriben desde el Centro de Estudios Políticos de ACORE, nos permitimos comunicarles a todos los interesados, que dentro de la estrategia que iniciamos para defender la institucionalidad militar, se contempla el envió de los artículos no solo a los integrantes de la Fuerza Pública sino también, a varios periodistas, funcionarios de embajadas, jueces, fiscales, abogados, ONG, personas en el exterior, entidades de gobierno, universidades, ciudadanos particulares y muchos otros sectores.

Con lo anterior, aclaramos y reiteramos que el Centro de Estudios Políticos de ACORE está poniendo todo su empeño y dedicación para lograr difundir nuestra posición, frente a las constantes amenazas y ataques en contra de la Fuerza Pública. Si están recibiendo nuestros correos electrónicos, es porque ya hacen parte de nuestro grupo de apoyo, que, recalcamos, comprende varios sectores y no únicamente a los integrantes de la Reserva Activa. Nuestra estrategia es integral y busca llegar a todos los actores y escenarios de la vida nacional.

Sea esta la oportunidad para recordarles, que es fundamental e indispensable el apoyo de cada persona para consolidar nuestra estrategia. No olvidemos que la unión es la única salida, por ello, recomendamos seguir los pasos que se estipularon en nuestro artículo ACTUEMOS ANTE LA IGNOMINIA.

ATROPELLO DE LA JUEZ TERCERA PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO

Juez María Stella Jara Gutiérrez

En proceso contra el Coronel Plazas Vega

Se hace necesario romper el silencio frente a decisiones arbitrarias e injustas como la que tomó la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá, consistente en trasladar al señor Coronel Alfonso Plazas Vega a la cárcel la picota de la misma ciudad. La señora Juez, no tiene en cuenta la normatividad existente sobre los sitios de reclusión para los miembros de la Fuerza Pública y ordena la conducción del Coronel al mencionado establecimiento. La ley 65 de 1993 en su artículo 27 señala que los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos, luego entonces, no le asiste razón a la autoridad judicial al ordenar que se interne al Coronel en centro carcelario común, esta decisión viola las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política y en organismos internacionales.

De acuerdo con la Ley mencionada, lo que en Derecho correspondería, es que los miembros de las Fuerzas Armadas cumplan la detención preventiva impuesta en guarniciones militares y no en centros carcelarios comunes, pues no solamente correría una grave peligro la vida de los militares por los cargos desempeñados durante su servicio a la Patria, sino que además se estaría atentado contra los criterios de distinción que deben prevalecer entre los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y los particulares, condiciones muy distintas las que implican estas dos calidades de los ciudadanos en una Nación, lo cual no solo se refleja en obligaciones y cargas adicionales para nuestros soldados, suboficiales y oficiales, sino también derechos como el mencionado. En el caso del Coronel Plazas Vega se está atentando contra el DERECHO A LA VIDA al recluirlo con sujetos a quienes combatió en su oficio de militar, o con narcotraficantes a los que fuertemente enfrentó como Director Nacional de Estupefacientes.

Por otra parte, la juez argumenta en su decisión, que el traslado se hace con el objetivo de que el Coronel no siga evadiendo la justicia, pues ha presentado una serie de recursos y recusaciones que han dilatado o demorado la iniciación de la etapa de juicio. No entendemos por qué la señora Juez está en contra del ejercicio del derecho a la defensa, al debido proceso, a las garantías judiciales; derechos reconocidos por la convención Americana de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por nuestra Constitución Política, éstos son los derechos de que ha hecho uso el Coronel Alfonso Plazas, a través de los recursos impetrados, los cuales gozan de total legitimidad y no son presentados para entorpecer o dilatar la Justicia, de la misma forma ha recusado en varias oportunidades a la fiscal y a la juez por actuaciones evidentemente contrarias a Derecho y totalmente parcializadas.

Un juez debe actuar como en Derecho corresponde y de manera imparcial. No se puede dejar llevar por impulsos ni menos por animadversiones, esta reacción de la juez, de enviar al Coronel Plazas a la Picota, según ella misma lo expresó a los medios de comunicación, indica a todas luces que lo hizo en retaliación porque el Coronel utilizó la figura de la recusación y acudió a los recursos de ley.

Se hace un llamado a las autoridades judiciales en aras de lograr en este caso la objetividad e imparcialidad carente de sesgos políticos o prejuicios ideológicos, para así lograr coherencia y legalidad en las decisiones tanto de fondo como de trámite, con el objeto de que determinaciones como la que hoy ocupa este comentario no atenten contra el derecho fundamental a la vida, al debido proceso, el derecho a la defensa, a la Libertad individual y a las garantías judiciales consagrados no solo en la Carta Política sino en diversos instrumentos internacionales que permiten observar todo el sentido de las garantías procesales.


Centro de Estudios Sociopolíticos de ACORE.