Los generales ex comandantes del Ejército Nacional presentaron en rueda de prensa convocada para el efecto un manifiesto dirigido a gobernantes, candidatos presidenciales, prensa y opinión pública, cuyo objeto era llamar la atención del país hacia hechos y situaciones que afectan desfavorablemente la moral y la capacidad de combate de la institución que lleva sobre sus hombros el mayor peso del conflicto armado que por más de sesenta años ha desangrado al país, retardando su desarrollo y destruyendo el tejido social de su gente.
Como era de esperarse, la insinuación a los candidatos a la Presidencia fue la que halló mayor acogida en pleno debate electoral, para que en sus planteamientos abocaran el tema de la Seguridad Nacional, referido a la Política Democrática convertida en función de Estado. ¿Se continuaría aplicando con el planteamiento actual? ¿Se modificará y en tal caso en qué sentido o criterio? EL TIEMPO pidió a los candidatos que se pronunciaran al respecto. Afortunadamente todos, menos uno, como era de predecir, declararon que la continuarían aplicando y dedicarían especial atención al fortalecimiento de la Fuerza Pública en su moral y equipamiento, reconociendo los éxitos alcanzados en la liberación de territorio y de las vías de comunicación, así como el debilitamiento de la guerrilla.
Esta inquietud era apenas una de las que motivaron el Manifiesto. Las demás pueden resumirse así:
* Virtual extinción del Fuero Militar en contra de lo dispuesto en el Artículo 221 de la Constitución Política, que ordena "el conocimiento de los delitos cometidos por militares en servicio activo y por razón del mismo servicio a las Cortes Marciales o Tribunales Militares". Si esto se determina en lo penal, una simple lógica jurídica lo extiende en lo disciplinario para hechos punibles que por su gravedad no alcancen a constituir delitos. El desconocimiento de este mandato constitucional se ha traducido en tremendas equivocaciones, atropellos e injusticias contra destacados miembros del Ejército.
* Reapertura unilateral de lo acaecido en el Palacio de Justicia el 5 de octubre de 1985 pretextando que la "desaparición forzada", como delito de lesa humanidad no prescribe. Tal delito no existía en la jurisprudencia colombiana para la fecha citada, luego se desconoció el principio de que donde no hay ley que lo determine, no hay delito. Además, tal desaparición se invocó sin pruebas fehacientes, como lo señalan dos fallos del Consejo de Estado que revocaron la separación definitiva previa destitución del general Arias Cabrales.
* La fiscal que adelantó el caso dispensó un trato inhumano al coronel Alfonso Plazas Vega, negándole permiso para visitar a su padre agonizante y luego a sus exequias. No contenta con este proceder, ha pretendido internarlo en una cárcel común, sacándolo a viva fuerza en la alta noche del Hospital Militar por guardias del Instituto Penitenciario como a cualquier delincuente, cuando ni siquiera se ha producido sentencia después de año y medio.
* Denuncia de la Guerra Jurídica, parte de la Guerra Política, desatada por organizaciones extremistas y colectivos de abogados, con la finalidad de desprestigiar y acusar a oficiales de alta graduación y subalternos tanto oficiales como suboficiales y hasta soldados que más tarde resultan exonerados de toda culpa, cuando ya se ha causado a ellos y a la institución daño irreparable.
* Parcialidad manifiesta al reabrir el expediente del Palacio de Justicia contra los militares, excluyendo a quienes perpetraron el asalto sangriento y en contubernio con la mafia incendiaron los expedientes por casos de extradición y con ellos la propia Casa de los Jueces donde pretendieron juzgar al presidente Betancur y masacraron a los magistrados en el tercer piso, donde no alcanzó a subir el Ejército, contenido por el fuego violento de los terroristas. Comprobada la Guerra Jurídica, debería ser combatida por la misma justicia. ¿Pero es que existe?
Álvaro Valencia Tovar
Articulo tomado de El Tiempo http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/lvarovalenciatovar/el-ejercito-y-la-nacion_7718124-1
Como era de esperarse, la insinuación a los candidatos a la Presidencia fue la que halló mayor acogida en pleno debate electoral, para que en sus planteamientos abocaran el tema de la Seguridad Nacional, referido a la Política Democrática convertida en función de Estado. ¿Se continuaría aplicando con el planteamiento actual? ¿Se modificará y en tal caso en qué sentido o criterio? EL TIEMPO pidió a los candidatos que se pronunciaran al respecto. Afortunadamente todos, menos uno, como era de predecir, declararon que la continuarían aplicando y dedicarían especial atención al fortalecimiento de la Fuerza Pública en su moral y equipamiento, reconociendo los éxitos alcanzados en la liberación de territorio y de las vías de comunicación, así como el debilitamiento de la guerrilla.
Esta inquietud era apenas una de las que motivaron el Manifiesto. Las demás pueden resumirse así:
* Virtual extinción del Fuero Militar en contra de lo dispuesto en el Artículo 221 de la Constitución Política, que ordena "el conocimiento de los delitos cometidos por militares en servicio activo y por razón del mismo servicio a las Cortes Marciales o Tribunales Militares". Si esto se determina en lo penal, una simple lógica jurídica lo extiende en lo disciplinario para hechos punibles que por su gravedad no alcancen a constituir delitos. El desconocimiento de este mandato constitucional se ha traducido en tremendas equivocaciones, atropellos e injusticias contra destacados miembros del Ejército.
* Reapertura unilateral de lo acaecido en el Palacio de Justicia el 5 de octubre de 1985 pretextando que la "desaparición forzada", como delito de lesa humanidad no prescribe. Tal delito no existía en la jurisprudencia colombiana para la fecha citada, luego se desconoció el principio de que donde no hay ley que lo determine, no hay delito. Además, tal desaparición se invocó sin pruebas fehacientes, como lo señalan dos fallos del Consejo de Estado que revocaron la separación definitiva previa destitución del general Arias Cabrales.
* La fiscal que adelantó el caso dispensó un trato inhumano al coronel Alfonso Plazas Vega, negándole permiso para visitar a su padre agonizante y luego a sus exequias. No contenta con este proceder, ha pretendido internarlo en una cárcel común, sacándolo a viva fuerza en la alta noche del Hospital Militar por guardias del Instituto Penitenciario como a cualquier delincuente, cuando ni siquiera se ha producido sentencia después de año y medio.
* Denuncia de la Guerra Jurídica, parte de la Guerra Política, desatada por organizaciones extremistas y colectivos de abogados, con la finalidad de desprestigiar y acusar a oficiales de alta graduación y subalternos tanto oficiales como suboficiales y hasta soldados que más tarde resultan exonerados de toda culpa, cuando ya se ha causado a ellos y a la institución daño irreparable.
* Parcialidad manifiesta al reabrir el expediente del Palacio de Justicia contra los militares, excluyendo a quienes perpetraron el asalto sangriento y en contubernio con la mafia incendiaron los expedientes por casos de extradición y con ellos la propia Casa de los Jueces donde pretendieron juzgar al presidente Betancur y masacraron a los magistrados en el tercer piso, donde no alcanzó a subir el Ejército, contenido por el fuego violento de los terroristas. Comprobada la Guerra Jurídica, debería ser combatida por la misma justicia. ¿Pero es que existe?
Álvaro Valencia Tovar
Articulo tomado de El Tiempo http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/lvarovalenciatovar/el-ejercito-y-la-nacion_7718124-1
