OPORTUNISMO POLITIQUERO EN TORNO LOS CENTROS DE RECLUSIÓN MILITARES

La tormenta con fines polítiqueros y propagandísticos, desatada tras el escape de un oficial detenido en la cárcel militar de Tolemaida y su inmediata captura, corrobora que a partir de 1991, el Fuero Militar, la Justicia Penal Militar y el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares quedaron expósitos y expuestos a los abusos de autoridad por partes de entes jurisdiccionales y ahora del INPEC.

Pese a que la Constitución es clara y en su articulado prevé el Fuero Militar, lo cual implica que todos los delitos cometidos por militares en servicio activo, deben ser juzgados por tribunales castrenses y por extensión, que la Justicia Penal Militar debe ser un ente sólido con  funciones precisas y alcances totales sobre la conducta atípica de los militares de cualquier graduación.

    Pero al mismo tiempo, la Constitución de 1991 dejó un par de vacios en los campos pernal militar y disciplinario, que no fueron cubiertos por los ministros de defensa civiles, neófitos en temas de seguridad nacional, desconocedores absolutos de las instituciones armadas, pero eso sí, sin excepción ansiosos, de utilizar el cargo como trampolín con fines electoreros posteriores.

Esta debilidad institucional facilitó a las FARC y sus comisarios políticos invocar los derechos humanos y la necesidad de quitar a la Justicia Penal Militar la potestad de investigar, juzgar y sentenciar o absolver a los militares en servicio activo con presuntas conductas atípicas.

     De remate, ni el Congreso de la República, ni las altas cortes, ni la misma justicia penal militar se pronunciaron al respecto, sino que la costumbre hizo ley, hasta el extremo que además de destituir a 27 oficiales sin seguir las elementales normas del debido proceso, en un show mediático orquestado por una Fiscal y funcionarios del INPEC ansiosos de protagonismo, el coronel Plazas Vega fue sacado del Hospital Militar para conducirlo a una cárcel común sin evaluar que tras esa intención mediática de autoeficiencia jurídica,  el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia común lo podrían asesinar.

Además cientos de oficiales, suboficiales y soldados sindicados de delitos, fueron internados en cárceles comunes, con la venia complaciente hasta de los propios presidentes, pues en una desatinada e incomprendida salida en falso, y con el fin de lavar su imagen como gobernante, el entonces Presidente Uribe, aseveró que la Justicia Penal Militar solo debería conocer el delito de deserción.

Y así hay muchos casos, en los que de manera paulatina enemigos naturales y "amigos despistados" de las Fuerzas Militares han ido desnaturalizando la institución y con su actitud espuria, coadyuvando al potenciamiento de muchos comisarios de las FARC y otros grupos narcoterroristas, infiltrados en la por siempre endeble justicia colombiana.

Al poner las cosas en claro surgen varios elementos: 1. Si es cierto que el mayor Rodríguez alias Zeus, cometió faltas disciplinarias en la reclusión, se supone que como infractor debe recibir alguna penalidad prevista en las leyes colombianas y no convertir este caso, en la oportunidad politiquera de quien desde el Ministerio del Interior está campaña política para ser candidato presidencial en el año 2014, o de quien desde la Dirección del INPEC, cree que descubrió la importancia del agua en la navegación marítima, para así, convertirse en futuro sucesor del general Naranjo.

2. Si el mayor Rodríguez cometió las presuntas irregularidades de las que se le acusa, es él y solo él, quien debe pagar por ellas , pero no servir de justificación para una cacería de brujas y un desprestigio abierto del Ejército Nacional, a costa de posicionar a supuestos "probos e inmaculados" funcionarios públicos del Ministerio del Interior y el INPEC.

 3. Para nadie es un secreto que al parecer el mayor Maldonado delinquió no solo para deshonrar el uniforme militar, sino producto de la ineptitud funcional de sucesivos presidentes de la república, congresistas, magistrados de las altas cortes, jueces y fiscales; quienes por ineptitud o por inacción, coadyuvaron a que Colombia se desvertebrara, las FARC se envalentonaran, con la nefasta consecuencia que algunos de los hacendados, los grandes comerciantes y los industriales abierta o clandestinamente, apoyaran a las autodefensas para contener un fenómeno que parecía desbordar al país.

 4. Es natural, aunque en ningún momento lo justificamos, que personas que no solo arriesgaron su vida en combate contra los terroristas, sino que delinquieron; forzados por las circunstancias derivadas de la ineptitud e indiferencia de otros entes del Estado, hoy se sientan abandonados por la misma sociedad que defendieron y a la que le minimizaron el drama que les heredaron presidentes como Pastrana, Samper, Gaviria, Barco y Belisario; hoy estén encarcelados como el mayor Maldonado, y ante esa sensación de abandono, busquen huir hacia la libertad como ocurre con la mayoría de los presos que purgan largas condenas.

     A todas luces es una ligereza y un paso atrás en el proceso de resocializar a quien delinque con uniforme militar, llevarlo a una cárcel común para  que purgue condena al lado de peligrosos delincuentes a los que antes combatió, pues esto además de ser indigno, atenta contra su seguridad e integridad física y desestimula a otros jóvenes a seguir la carrera de las armas.

    La solución a este grave problema no es revolver a los militares que hayan delinquido con hampones en cárceles comunes. Tampoco es terminar de desnaturalizar la Justicia Penal Militar. La respuesta a este desafío es replantear las condiciones de funcionamiento de los centros penitenciarios militares, retornar la totalidad del Fuero Militar a las instituciones armadas, establecer convenios y procedimientos concretos de acción recíproca con el INPEC, y fortalecer las estructuras de Justicia Penal Militar, venidas a menos con la llegada de ministros de defensa civiles, que además de debilitarla, trajeron consigo a una serie de funcionarios impreparados a quienes ubicaron en diferentes cargos de la Justicia Penal Militar como favores políticos, y así lo entendieron los nominados.

     Por otra parte, además de entender la naturaleza del conflicto armado en Colombia que al parecer no entienden bien,  en lugar de politiquear para fingir autoridad suprema e impoluta desde el gobierno nacional; o vociferar como lo hace el locuaz ministro del Interior; o utilizar el oportunismo evidente de la dirección del INPEC, es necesario que estos entes articulen con el Ministerio de Defensa medidas preventivas como la calidad de la incorporación y exigencia más estricta para que las Escuelas de oficiales y suboficiales, reduzcan las cuotas de cabos y subtenientes en aras de cualificar profesional y moralmente a los futuros cuadros de mando.

     Por otro lado establecer programas estratégicos de resocialización de los internos, mejoría permanente de la condiciones de vida del sistema carcelario y su seguridad física, entrenamiento intensivo para los directores de los centros de reclusión, programas de periódicas revisiones interinstitucionales a las cárceles militares, y en general trabajo en armonía.

Flaco favor hacen al país y al futuro de las Fuerzas Militares la politiquería, la autopropaganda al estilo Vargas Lleras o general Ricaurte y la implícita deslegitimación del Ejército.

     Surgen muchas preguntas al respecto. Por ejemplo: 1. ¿Por qué entonces el presidente de la república si conserva su fuero?... ¿Porqué los vinculados a la farcpolítica siguen libres, a sabiendas que ellos son los causantes del desorden que sacude a Colombia?...¿Porque si es válido el fuero eclesiástico y no el militar?...¿Será que en las cárceles que están bajo control directo del Inpec y del Ministerio del Interior, no suceden cosas iguales o peores a las que supuestamente cometió el mayor Rodríguez?..

     ¿Cuál es la razón para que haya tanta saña contra el Ejército, pese a que la mayor parte de sus hombres entregan hasta sus vidas por defender a Colombia y con su cuota de sacrificio permiten que funcionarios como los ya mencionados ocupen sus cargos y gocen de tantas prebendas?... ¿Será justa la retribución de Colombia a los esfuerzos de los militares?...¿Qué es más grave la fuga de un interno de una cárcel militar, o la complicidad abierta de algunos jueces, fiscales y hasta magistrados con terroristas de todas las pelambres?..¿Qué es más grave, que escape un interno de una cárcel militar, o que una senadora de la república, sea abierta e impunemente la estafeta oficial de las Farc?

      Reitero: No se justifica ninguna conducta atípica. Solo se ponen sobre el tapete consideraciones e interrogantes, para invitar a los encargados de decidir la suerte de los militares sindicados de delitos, a que se les respeten los derechos constitucionales como el fuero militar, el debido proceso, la seguridad e integridad física, y la posibilidad de ser vencidos en juicio acorde con las leyes y no con los oportunismos egocéntricos politiqueros.

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

Analista de asuntos estratégicos

www.luisvillamarin.com

Una entidad fortalecida en valores

La Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), hereda la tradición de un grupo de viejos servidores de la gran milicia nacional, que, reunidos un 25 de noviembre de 1960, dan vida a este gremio con la meta de mantener, en la condición de retirados, la institucionalidad, la amistad y la camaradería.

Gestas pretéritas los vieron formando en filas para los grandes compromisos de un agitado sur, de convulsionados enfrentamientos políticos fratricidas en la época de violencia o de una Corea lejana y enaltecedora del valor del combatiente colombiano. Coincide la creación de Acore con el sesquicentenario de la independencia.

Eran años de racismo acentuado, de turbulencia en los movimientos sociales, de explosiones rebeldes de la juventud en las aulas, la proliferación de las barbas como herencia cubana y su incipiente revolución, las fotos de Fidel Castro y un Che Guevara falsamente mistificado en un instante de inspiración fotográfica, consignas incendiarias del comunismo para repetir tantas Sierras Maestras como fueran posibles en América Latina.

Fue la década del cura rebelde Camilo Torres, quien dejara a su paso un breviario para morir tratando de ser lo que no podía ser: un guerrillero. Tiempo también de las "repúblicas independientes", el nacimiento de las Farc y el Eln y los embriones de otros movimientos armados. Aún no salimos de esa.

Hoy, tras 50 años, es un Acore maduro, recio, vivificador, pleno, que llega a la médula del organismo nacional; otros son los desafíos y otros muchos, los objetivos para garantizar la supervivencia institucional, no sólo de la asociación sino de cada estamento vital que, en medio de estrados judiciales y de la mano del desprestigio de criminales, amenaza su integridad y su identidad como nunca.

Un Acore que se abate y llora con las derrotas y los triunfos; que vive momentos de felicidad o de tristeza individual o colectivamente, caminando hombro a hombro y al paso acelerado de los tiempos modernos. Es una entidad que se ha visto fortalecida en valores, participante en cada causa en donde se realcen la solidaridad, la conciencia institucional y la defensa de las Fuerzas Militares que tuvieran en fila a sus integrantes. La salud, los salarios justos, el fuero militar, la seguridad integral y la unión de la Reserva Activa están en su mira permanente.

La asociación amplió las relaciones con entidades similares en Centro y Suramérica, lo que permitió concretar la creación de una ONG de tipo internacional en la que participan oficiales de Venezuela, Argentina, Bolivia y Uruguay, así como representantes civiles de otros países suramericanos y centroamericanos, dando origen a la Unión de Organizaciones Democráticas de América (Uno América).

Entre el 22 y el 25 de noviembre del 2009, el presidente de Acore representó a Colombia en el Foro Internacional Frente al Socialismo del siglo XXI, en Buenos Aires y Montevideo, así como en el reciente encuentro en Bogotá. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Acore presenta el recurso 'Amicus Curiae', documento desarrollado en defensa de los militares, en respuesta a que algunas ONG de izquierda elevaron ante la CIDH una acusación contra el Estado colombiano por violación de derechos humanos durante los hechos del Palacio de Justicia, en 1985.

Cincuenta años. Han sucedido tantas cosas de tanta significación que no cabrían en los corazones de sus miles de integrantes, unos que pasaron al retiro definitivo y otros que en filas de la Reserva Activa disfrutan plácidamente, en medio de amigos, compañeros y relacionados, unos más jóvenes, otros más viejos, todos en armonía, porque esa es la meta.

* Presidente Nacional de Acore

SAMIR FRENTE A JAVIER GIRALDO & Cia

Fernando Vargas

Comité Nacional de Víctimas de la guerrilla - Vida

En este torbellino de hechos criminales que se suceden en las regiones en donde hacen presencia criminal los grupos guerrilleros, de paramilitares y de ong´s nacionales e internacionales, como Justicia y Paz y PIB,  en la coordinación y conformación de extraños guetos llamados  sugestivamente “Comunidades de paz” o “Zonas humanitarias” y “zonas de biodiversidad”, en donde no permiten la entrada de organismos de seguridad del Estado, pero, en las que se ha denunciado  que, en cambio, se cohonesta con las organizaciones criminales subversivas, estos pequeños   gulags,  en gente, pero que se extienden en territorios, han sido públicamente acaudillados por el  marxista sacerdote Javier Giraldo, militante de la teología de la liberación, quien se mueve entre varias ong`s, todas ellas  muy  activas en guerra política  y campañas difamatorias en contra de las FF.MM.

Connotados jefes de las FARC, entre quieres resaltan alias SAMIR y alias KARINA y muchos otros desmovilizados de las FARC, han declarado en justicia y paz, que esas comunidades organizadas por o con el patrocinio de estas ong´s, sirven de apoyo estratégico y logístico a las FARC.  De manera que se hace necesario que la verdad histórica trascienda de los silenciados estrados judiciales al conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, puesto que no sirve mantenerlo bajo una falsa  “reserva” que nunca se respeta cuando se publican pruebas que  desacreditan al ejercito, pero que se ocultan extrañamente cuando, como en este caso y tantos otros, señalan  este tipo de militancias non sanctas entre ong`s y FARC, por medio de estos gulag. 

Por todo lo anterior, apoyamos y reclamamos un acto público entre los desmovilizados de las FARC, al frente de ellos SAMIR y KARINA, con el señalado sacerdote Javier Giraldo y claro, también con los directivos de su comunidad de paz de Apartadó, para que dé frente al país se diga lo que sabe cada uno y así se construya la verdad histórica de esos episodios que deben aclararse  puesto que, además,  involucran a organizaciones  que se reputan “defensoras de derechos humanos” y eso le hace mucho daño a esta actividad que cuando se realiza transparente e imparcialmente, merecen todo el respeto y apoyo.  Colombia está lista para esta clase de actos de verdad, de memoria y ojalá de justicia, pues si las cosas se desarrollan, soterradamente, como lo confesaron estos desmovilizados, esto debe ser sancionado penalmente y deben dejarse escuchar los rechazos de aquellas ong´s que de verdad trabajan éticamente el tema de los derechos humanos.  

 Aunque la verdad sea dicha, SAMIR y KARINA, para no mencionar otros desmovilizados, han expresado judicialmente y por los medios de comunicación hechos suficientes para vincular mucha gente de esta que gravita entre ong´s, “comunidades de paz” y subversión.   KARINA, por su parte, declaró en justicia y paz, el nexo entre la JUCO, órgano del partido comunista colombiano -PCC y las FARC, lo que de entrada, tendría que determinar la cancelación de su personería jurídica, como partido legal.  También declaró  (Karina), que las FARC en Urabá hicieron campaña armada en favor los candidatos de la UP-PCC, así como las rumbas de la ex alcaldesa Diana Cardona, de la UP, con  alias Efraín Guzmán y las reuniones de Gloria Cuartas con el comandante Samuel y Nicolás de las FARC y mucho más.

Con menos, con mucho menos, se abrió y se adelantó la llamada “parapolítica”, que nunca contó con los computadores de Jefes de la talla de Reyes, Rios y Jojoy.   Por qué será que para estos izquierdistas personajes las versiones de los desmovilizados paras sí tienen total credibilidad y fuerza probatoria exigiendo inmediatas medidas jurídicas, pero cuando los desmovilizados guerrilleros los señalan a ellos, entonces les desconocen todo valor y escandalizan señalándolos de ser testimonios comprados y presionados por los militares.  Entiendo su estrategia, la que no entiendo es la de los organismos de justicia, a menos que estemos frente a una repugnante denegación de justicia, que involucre a sus operadores por omisión.

Que se diga toda la verdad de frente a los colombianos.  Que no se tapen más estas declaraciones.  Que no amenacen estas ong´s con sacarlos del proceso de Justicia y Paz a los que, como SAMIR y KARINA, declaran diciendo estas cosas que tanto les molestan y que tanto los incriminan.  ¿O será que se sienten con tanto poder como para manejar a su antojo a esos funcionarios judiciales?  Que su defensa no se limite a decir, como hasta ahora, que todo es una persecución de la derecha en su contra y que todo es orquestado por el injustamente detenido Gr del Rio y el periodista Fernando Londoño  ¿Será que con tantas pruebas no les abren procesos penales, pero en cambio si se desquitarán con los desmovilizados que en colaboración con la justicia y en cumplimiento de la ley dicen la verdad? 

Veremos hasta donde llega la desfachatez de unos y la infiltración de otros.