En Colombia desde hace un tiempo para acá, está sucediendo cosas poco ortodoxas con respecto al buen uso y manejo de la justicia…….mientras hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Públicas (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) a sangre y fuego logran capturar a temibles terroristas de diferentes organizaciones criminales, Pero los hombres y mujeres que deberían estar impartiendo justicia de forma justa, buscan de una u otra formas, disculpas para demorar los procesos, hasta lograr eximirlos por términos en la responsabilidad del hecho punible; Con el acompañamiento y presión de diferentes organizaciones que se hacen llamar de Derechos Humanos, logrando conseguir la libertad para que estos sigan fomentando el terrorismo a lo largo y ancho del territorio nacional.
Un ejemplo de esto sucedió, el 24 de mayo de este año, cuando el juzgado 24 Penal del Circuito de Medellín, resolvió por vencimiento de términos dejar en libertad a 3 reconocidos terroristas de las FARC, ellos:
· WISTON GALLEGO PAMPLONA alias “EL GORDO”, comandante del PC3 de las FARC en Medellín.
· DIEGO EDISON CHAVARRIAGA LOPEZ alias “EL TOMBO”.
GONZALO DE JESUS GOMEZ BETANCUR alias “CHALO”.
En el caso de DIEGO EDISON CHAVARRIAGA LOPEZ y GONZALO DE JESUS GOMEZ BETANCUR, están siendo procesados por su reconocida militancia en el PCCC (Partido Comunista Clandestino Colombiano), brazo “político” del grupo terrorista FARC. Por su parte WISTON GALLEGO PAMPLONA, está sindicado como el autor intelectual del intento de hurto utilizando artefactos explosivos de un cajero electrónico dentro de las instalaciones de la Universidad de Antioquia, al mismo tiempo, este personaje es el reconocido jefe del PCCC en Medellín.
Aunque existen contundentes pruebas que vinculan a estos terroristas con diferentes acciones al margen de la ley, extrañamente, los que imparten justicia; no toman las acciones correspondientes para que estos terroristas respondan ante la misma. Es el caso del Fiscal Quinto Especializado adscrito a la Unidad Nacional contra el Terrorismo de Bogotá, el cual profirió una resolución de Acusación el 4 de noviembre de 2009 en contra de estos tres terroristas; esta resolución alcanzo ejecutoría el 20 de noviembre del mismo año. Pero, ¿Qué sucedió con esta resolución? De la forma más absurda, esta orden impartida por el Fiscal Quinto Especializado en Bogotá, duro más de cuatro meses en llegar a manos del Juez 24 Penal del Circuito en Medellín.
Así mismo, el susodicho juez de Medellín, argumento, que se encontraba en imposibilidad de dar prioridad a los diferentes procesos que involucraban al PC3, y de esta forma, entre los trámites burocratico-juridicos, dejaron que el proceso cumpliera más de 6 meses y fueron liberados.
Pero esto, tiene un trasfondo aun más oscuro y retorcido; es un proceso de años de planeación de diferentes entes del poder político, los cuales están utilizando Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) para ocultar sus acciones y de esta forma escudarse en los Derechos Humanos para evitar ser señalados como terroristas en diferentes sectores, tanto a nivel nacional como de la Comunidad Internacional.
Es el caso de la Fiscal 74 Seccional delegada ante el CTI, Ana María Quintero, la cual junto a su jefe, Nelson Camelo, Director Seccional de Fiscalías de Antioquia, han recibido enormes presiones políticas por parte del Representante Germán Enrique Reyes Forero y el Concejal de Medellín Carlos Alberto Ballesteros Barón, adscritos al Polo Democrático Alternativo. Los cuales utilizaron sus influencias políticas para que el proceso fuera reasignado en Bogotá, como ocurrió efectivamente.
La forma como estos dos personajes lograron intervenir en el manejo del proceso fue por medio de la comisión de la ONU en Medellín, como también de diferentes ONG´s colombianas, las cuales son manejadas inescrupulosamente, como simples herramientas para el bienestar político y judicial de estos individuos. Al mismo tiempo existen constantes denuncias a la Comunidad Internacional por parte de diferentes ONG´s, tales como; Fundación Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad, Asociación campesina de Antioquia, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité de derechos humanos Gustavo Marulanda, Comité de derechos humanos Contracorriente, Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos Héctor Abad Gómez, Cristianos y cristianas por la Justicia y la Paz, y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE.
Este último es dirigido por el “honorable” Representante a la Cámara, Iván Cepeda (hijo del mártir de las FARC, Manuel Cepeda); quien fuera condecorado como “pro-hombre defensor de derechos humanos” por la ONG norteamericana Human Rigths Firts; logro llevar las constantes denuncias de violación de los Derechos Humanos por parte del Estado colombiano a Arturo Valenzuela, Subsecretario de Asuntos Internacionales del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Consiguió que el Embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, replicara la “constante” preocupación por la violación de los Derechos Humanos en Colombia al Comandante de las Fuerzas Armadas en ese momento, General Freddy Padilla de León y al Fiscal General encargado Guillermo Mendoza Diago.
Todo esto es un cambio en la estrategia del terrorismo. Que ahora busca por medios políticos, jurídicos, diplomáticos y mediáticos; desvirtuar la labor hecha por las Fuerzas Públicas y el Estado colombiano. Y de esta manera conseguir un mayor marguen de acción e impunidad; para que de esta forma, terroristas como WISTON GALLEGO PAMPLONA, logren conseguir la libertad y de esta manera pueda seguir impartiendo terror; ese terror que tanto mal ha causado al pueblo colombiano, durante más de 50 años.
