Los duros golpes militares recibidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante los últimos años, en el marco de la Política de Seguridad Democrática liderada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, no han sido suficientes.
Si bien esta guerrilla ha perdido a varios de sus mas importantes lideres y ha visto reducida su capacidad operativa; (las capturas, bajas en combate y desmovilizaciones de guerrilleros han debilitado hasta casi la extinción de algunos frentes), no es en este campo en donde se desarrollan sus mas peligrosas intenciones.
El tratamiento exclusivamente militar, que desde la institucionalidad colombiana se le ha dado a la guerrilla, desatendiendo la complejidad del fenómeno de violencia en todas sus dimensiones, le ha permitido a las FARC sortear la Seguridad Democrática de una manera audaz y novedosa, desplazando el eje de su accionar hacia la guerra política, jurídica, diplomática y mediática.
La iniciativa de una guerra de esta naturaleza, corresponde a un plan diseñado y ejecutado sistemáticamente por nuevas organizaciones, bajo la conducción de Alfonso Cano, nombrado comandante en Jefe, tras la muerte de Manuel Marulanda; Plan que contempla, entre otros elementos, la infiltración y penetración en importantes órganos del Estado, la empresa privada y los medios de comunicación. Persiguiendo este fin, las FARC promueven la creación de un Partido Político (Partido Comunista Clandestino de Colombia) que actué de manera clandestina, integrada por profesionales en diversos campos. A su vez las FARC crean el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, para incentivar la “organización popular de base” y entrar en sintonía con los procesos bolivarianos del continente, como elemento fundamental de la estrategia de integración política y militar suramericana, en el entendido que geopolíticamente, Colombia representa “la Joya de la Corona” y quien la obtenga al costo que sea será el vencedor.
Las organizaciones clandestinas, han venido actuando de manera parasitaria, valiéndose de la debilidad institucional para contener la infiltración y de la corrupción rampante en instancias institucionales de carácter regional. Un ejemplo que demuestra vehementemente este accionar, se puede ver en dos iniciativas gubernamentales, bandera social de la actual administración, que en su momento estuvieron altamente infiltradas. Se tratan de los programas de Familias Guardabosques y Familias en Acción. Ambos programas tenían por finalidad contribuir al desarrollo social y económico de las familias campesinas. Las FARC lograron, no sólo enquistar sus militantes en las direcciones regionales del programa, sino desviar los recursos que les llegaban a las familias beneficiadas, obligando a que estas entregaran el 50% de lo recibido, unos 40 euros mensuales por familia. En una sola región podían haber inscritas en el programa entre 2000 y 5000 familias.
La estrategia de las FARC también contempla la consolidación de un grupo de ciudadanos “ilustres” o “intelectuales”, que promuevan la tesis de la inevitabilidad de la “solución política negociada al conflicto”, y que logre posicionarse nacional e internacionalmente como los voceros legítimos de cualquier iniciativa de paz; lo que logró concretarse con la creación de “Colombianos y Colombianas por la PAZ”, liderados por la senadora liberal Piedad Córdoba, férrea opositora al gobierno, amiga y cómplice de Chávez, quien aun esta siendo investigada por sus vínculos con las FARC en la llamada Farc-Politica. Este conjunto de ciudadanos, algunos con conocimiento pleno de las verdaderas intenciones que se esconden tras la propuesta, serviría de plataforma para el lanzamiento del “Nuevo Gobierno Democrático”, punta de lanza de todos los esfuerzos de la guerrilla colombiana, por conquistar por vía civil-democrática la complacencia de un gobierno de transición que les permita una negociación en condiciones favorables, contando a su vez, con el apoyo que desde Venezuela se le ha dado a estas iniciativas, recientemente expresado en la creación de “bases de Paz”, como respuesta al acuerdo de cooperación establecido entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
La llamada Farc-Politica, o el proceso judicial, iniciado contra varios reconocidos miembros de la izquierda legal, facilitadores y miembros de la oposición, por sus vínculos con la guerrilla, ha representado otro de los grandes descalabros de la institucionalidad colombiana. Han sido absueltos varios de los implicados, archivados los procesos y legitimados en su accionar encubierto, gracias a una sospechosa investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que en pocos casos ha actuado con tal prontitud. Las pruebas allegadas al proceso, entre las que se cuentan los documentos hallados en el computador del “canciller” de las Farc, Raúl Reyes, testimonios de ex guerrilleros, entre otras, no fueron suficientes para develar esta peligrosa complicidad de sectores políticos con las FARC. Las unidades de la Fiscalía responsables de la investigación no hallaron merito, pese a que las pruebas y testimonios son tan o más contundentes de las que llevaron a varios congresistas a la cárcel por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares.
La guerra Jurídica es un hecho. Varios casos así lo confirman. La infiltración y penetración de las FARC en los organismos de Justicia esta haciendo estragos. Falsas denuncias, compra de testigos, montajes y una milimétrica actividad desde organizaciones civiles, configuran nuevos escenarios de confrontación, que el Estado no ha combatido con la misma eficiencia con la que ha combatido militarmente a las Farc en selvas y montañas.
La otra guerra de las FARC, es entonces, de indeterminables proporciones, en diversos campos, y con nuevos protagonistas. La complicidad y el apoyo que reciben desde las fronteras con Venezuela y Ecuador, surten las perdidas militares, oxigenan la actividad política e internacionalizan la guerra.
Mientras el tratamiento a las guerrillas se reduzca únicamente al aspecto militar, su derrota estará cada vez más lejos y las sorpresas en los escenarios jurídico, político y diplomático, no se harán esperar. Las elecciones proyectadas para el 2010 serán una prueba de fuego para la institucionalidad colombiana, para la Paz y para las relaciones internacionales.
*Desmovilizado de las FARC (PC3)
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