OPORTUNISMO POLITIQUERO EN TORNO LOS CENTROS DE RECLUSIÓN MILITARES

La tormenta con fines polítiqueros y propagandísticos, desatada tras el escape de un oficial detenido en la cárcel militar de Tolemaida y su inmediata captura, corrobora que a partir de 1991, el Fuero Militar, la Justicia Penal Militar y el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares quedaron expósitos y expuestos a los abusos de autoridad por partes de entes jurisdiccionales y ahora del INPEC.

Pese a que la Constitución es clara y en su articulado prevé el Fuero Militar, lo cual implica que todos los delitos cometidos por militares en servicio activo, deben ser juzgados por tribunales castrenses y por extensión, que la Justicia Penal Militar debe ser un ente sólido con  funciones precisas y alcances totales sobre la conducta atípica de los militares de cualquier graduación.

    Pero al mismo tiempo, la Constitución de 1991 dejó un par de vacios en los campos pernal militar y disciplinario, que no fueron cubiertos por los ministros de defensa civiles, neófitos en temas de seguridad nacional, desconocedores absolutos de las instituciones armadas, pero eso sí, sin excepción ansiosos, de utilizar el cargo como trampolín con fines electoreros posteriores.

Esta debilidad institucional facilitó a las FARC y sus comisarios políticos invocar los derechos humanos y la necesidad de quitar a la Justicia Penal Militar la potestad de investigar, juzgar y sentenciar o absolver a los militares en servicio activo con presuntas conductas atípicas.

     De remate, ni el Congreso de la República, ni las altas cortes, ni la misma justicia penal militar se pronunciaron al respecto, sino que la costumbre hizo ley, hasta el extremo que además de destituir a 27 oficiales sin seguir las elementales normas del debido proceso, en un show mediático orquestado por una Fiscal y funcionarios del INPEC ansiosos de protagonismo, el coronel Plazas Vega fue sacado del Hospital Militar para conducirlo a una cárcel común sin evaluar que tras esa intención mediática de autoeficiencia jurídica,  el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia común lo podrían asesinar.

Además cientos de oficiales, suboficiales y soldados sindicados de delitos, fueron internados en cárceles comunes, con la venia complaciente hasta de los propios presidentes, pues en una desatinada e incomprendida salida en falso, y con el fin de lavar su imagen como gobernante, el entonces Presidente Uribe, aseveró que la Justicia Penal Militar solo debería conocer el delito de deserción.

Y así hay muchos casos, en los que de manera paulatina enemigos naturales y "amigos despistados" de las Fuerzas Militares han ido desnaturalizando la institución y con su actitud espuria, coadyuvando al potenciamiento de muchos comisarios de las FARC y otros grupos narcoterroristas, infiltrados en la por siempre endeble justicia colombiana.

Al poner las cosas en claro surgen varios elementos: 1. Si es cierto que el mayor Rodríguez alias Zeus, cometió faltas disciplinarias en la reclusión, se supone que como infractor debe recibir alguna penalidad prevista en las leyes colombianas y no convertir este caso, en la oportunidad politiquera de quien desde el Ministerio del Interior está campaña política para ser candidato presidencial en el año 2014, o de quien desde la Dirección del INPEC, cree que descubrió la importancia del agua en la navegación marítima, para así, convertirse en futuro sucesor del general Naranjo.

2. Si el mayor Rodríguez cometió las presuntas irregularidades de las que se le acusa, es él y solo él, quien debe pagar por ellas , pero no servir de justificación para una cacería de brujas y un desprestigio abierto del Ejército Nacional, a costa de posicionar a supuestos "probos e inmaculados" funcionarios públicos del Ministerio del Interior y el INPEC.

 3. Para nadie es un secreto que al parecer el mayor Maldonado delinquió no solo para deshonrar el uniforme militar, sino producto de la ineptitud funcional de sucesivos presidentes de la república, congresistas, magistrados de las altas cortes, jueces y fiscales; quienes por ineptitud o por inacción, coadyuvaron a que Colombia se desvertebrara, las FARC se envalentonaran, con la nefasta consecuencia que algunos de los hacendados, los grandes comerciantes y los industriales abierta o clandestinamente, apoyaran a las autodefensas para contener un fenómeno que parecía desbordar al país.

 4. Es natural, aunque en ningún momento lo justificamos, que personas que no solo arriesgaron su vida en combate contra los terroristas, sino que delinquieron; forzados por las circunstancias derivadas de la ineptitud e indiferencia de otros entes del Estado, hoy se sientan abandonados por la misma sociedad que defendieron y a la que le minimizaron el drama que les heredaron presidentes como Pastrana, Samper, Gaviria, Barco y Belisario; hoy estén encarcelados como el mayor Maldonado, y ante esa sensación de abandono, busquen huir hacia la libertad como ocurre con la mayoría de los presos que purgan largas condenas.

     A todas luces es una ligereza y un paso atrás en el proceso de resocializar a quien delinque con uniforme militar, llevarlo a una cárcel común para  que purgue condena al lado de peligrosos delincuentes a los que antes combatió, pues esto además de ser indigno, atenta contra su seguridad e integridad física y desestimula a otros jóvenes a seguir la carrera de las armas.

    La solución a este grave problema no es revolver a los militares que hayan delinquido con hampones en cárceles comunes. Tampoco es terminar de desnaturalizar la Justicia Penal Militar. La respuesta a este desafío es replantear las condiciones de funcionamiento de los centros penitenciarios militares, retornar la totalidad del Fuero Militar a las instituciones armadas, establecer convenios y procedimientos concretos de acción recíproca con el INPEC, y fortalecer las estructuras de Justicia Penal Militar, venidas a menos con la llegada de ministros de defensa civiles, que además de debilitarla, trajeron consigo a una serie de funcionarios impreparados a quienes ubicaron en diferentes cargos de la Justicia Penal Militar como favores políticos, y así lo entendieron los nominados.

     Por otra parte, además de entender la naturaleza del conflicto armado en Colombia que al parecer no entienden bien,  en lugar de politiquear para fingir autoridad suprema e impoluta desde el gobierno nacional; o vociferar como lo hace el locuaz ministro del Interior; o utilizar el oportunismo evidente de la dirección del INPEC, es necesario que estos entes articulen con el Ministerio de Defensa medidas preventivas como la calidad de la incorporación y exigencia más estricta para que las Escuelas de oficiales y suboficiales, reduzcan las cuotas de cabos y subtenientes en aras de cualificar profesional y moralmente a los futuros cuadros de mando.

     Por otro lado establecer programas estratégicos de resocialización de los internos, mejoría permanente de la condiciones de vida del sistema carcelario y su seguridad física, entrenamiento intensivo para los directores de los centros de reclusión, programas de periódicas revisiones interinstitucionales a las cárceles militares, y en general trabajo en armonía.

Flaco favor hacen al país y al futuro de las Fuerzas Militares la politiquería, la autopropaganda al estilo Vargas Lleras o general Ricaurte y la implícita deslegitimación del Ejército.

     Surgen muchas preguntas al respecto. Por ejemplo: 1. ¿Por qué entonces el presidente de la república si conserva su fuero?... ¿Porqué los vinculados a la farcpolítica siguen libres, a sabiendas que ellos son los causantes del desorden que sacude a Colombia?...¿Porque si es válido el fuero eclesiástico y no el militar?...¿Será que en las cárceles que están bajo control directo del Inpec y del Ministerio del Interior, no suceden cosas iguales o peores a las que supuestamente cometió el mayor Rodríguez?..

     ¿Cuál es la razón para que haya tanta saña contra el Ejército, pese a que la mayor parte de sus hombres entregan hasta sus vidas por defender a Colombia y con su cuota de sacrificio permiten que funcionarios como los ya mencionados ocupen sus cargos y gocen de tantas prebendas?... ¿Será justa la retribución de Colombia a los esfuerzos de los militares?...¿Qué es más grave la fuga de un interno de una cárcel militar, o la complicidad abierta de algunos jueces, fiscales y hasta magistrados con terroristas de todas las pelambres?..¿Qué es más grave, que escape un interno de una cárcel militar, o que una senadora de la república, sea abierta e impunemente la estafeta oficial de las Farc?

      Reitero: No se justifica ninguna conducta atípica. Solo se ponen sobre el tapete consideraciones e interrogantes, para invitar a los encargados de decidir la suerte de los militares sindicados de delitos, a que se les respeten los derechos constitucionales como el fuero militar, el debido proceso, la seguridad e integridad física, y la posibilidad de ser vencidos en juicio acorde con las leyes y no con los oportunismos egocéntricos politiqueros.

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

Analista de asuntos estratégicos

www.luisvillamarin.com